
CULIACÁN, SIN. – El Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó formalmente su intención de decomisar todos los bienes y activos financieros del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios estatales.
La medida responde a una acusación federal que los vincula con presunta colaboración con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Decomiso total de activos
La imputación, respaldada por la DEA y presentada por el fiscal Jay Clayton, establece que cualquier inmueble o ganancia económica derivada del apoyo al tráfico de drogas e importación de armas será sujeto a confiscación.
Las autoridades estadounidenses especificaron que, de no localizarse los bienes directos, se procederá contra bienes sustitutos o activos transferidos a terceros.
Funcionarios y mandos bajo la lupa
Además del gobernador, la lista de implicados incluye figuras clave del poder político y judicial en la entidad:
• Enrique Inzunza Cázares, senador por Morena.
• Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.
• Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública.
• Altos mandos de la Policía de Investigación y la Vicefiscalía estatal.
Los cargos: votos por impunidad
Según el documento judicial, la acusación sostiene que Rocha Moya obtuvo la gubernatura con el apoyo operativo de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
A cambio, el mandatario habría facilitado la operatividad del grupo criminal en el estado. El expediente detalla reuniones previas y posteriores a la elección, presuntamente custodiadas por civiles armados, donde se habrían pactado las condiciones de impunidad.
Marco legal internacional
El proceso se fundamenta en las Secciones 853 y 970 del Título 21 del Código de EE. UU., que permite la incautación de cualquier propiedad utilizada para facilitar delitos de narcotráfico.
De ser declarados culpables, los señalados perderían el control de cuentas bancarias y propiedades tanto en territorio estadounidense como aquellas bajo jurisdicción del tribunal encargado del caso.



