Auditoría con sabor a norte: El patrimonio de Maru a revisión

Por Alessia Guerra

Que la presidenta Claudia Sheinbaum haya sugerido a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar el patrimonio de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no es casualidad. No es un manotazo judicial inmediato, sino una lección de estrategia institucional: trasladar el golpe político al frío terreno de la fiscalización administrativa.

Si la ASF encuentra irregularidades, el caso escalará a la Fiscalía General de la República (FGR). La Presidenta no acusa formalmente, pero abre la puerta.

Los 4 ejes bajo la lupa

La investigación periodística toca las fibras más sensibles del discurso anticorrupción a través de cuatro puntos clave:

Opulencia inmobiliaria: Una residencia en el exclusivo fraccionamiento Bosques de San Francisco con un valor catastral superior a los 31.7 millones de pesos.

Contratos millonarios: Más de 542 millones de pesos otorgados entre 2022 y 2025 a distribuidoras automotrices de su fallecido esposo, Víctor Manuel Cruz Russek, y sus hijos, por parte de instancias públicas locales.

La empresa intermediaria: Campos posee el 98% de Administradora Inmobiliaria de Chihuahua, firma que trianguló la compra de los terrenos de su residencia y firmó contratos de arrendamiento con el gobierno.

Omisiones patrimoniales: Ingresos reportados bajo el ambiguo concepto de “enajenación de bienes” y la presunta falta de registro del valor real de los bienes heredados.

Lo más importante: La delgada línea entre lo legal y lo ético

El fondo del asunto: La defensa de Maru Campos se ampara en que los bienes provienen de una legítima sucesión testamentaria y que el ataque es meramente político. Sin embargo, la narrativa de la herencia no justifica la coincidencia de contratos multimillonarios otorgados desde el Estado hacia el círculo familiar de la gobernadora.

En la función pública, el conflicto de interés se configura cuando el beneficio privado se nutre del presupuesto público.

La pelota está ahora en la cancha de los auditores. La Presidenta ha jugado la carta de la prudencia vigilante; a la gobernadora de Chihuahua le toca demostrar si su patrimonio resiste el ácido de una auditoría federal. En el México actual, la transparencia ya no es cortesía, es supervivencia política.