
CHIHUAHUA, Chih. – El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado denunció un presunto descontrol en la administración estatal, derivado de lo que calificó como "campañas políticas anticipadas" de los principales integrantes del gabinete de la gobernadora María Eugenia Campos Galván. El legislador juarense señaló que la promoción de la imagen personal de los secretarios afecta directamente la atención a problemas prioritarios para la ciudadanía, como la seguridad y la asistencia social.
El líder parlamentario cuestionó la capacidad de la operatividad gubernamental cuando los titulares de las áreas más sensibles se encuentran enfocados en proselitismo. Hizo un llamado directo a los funcionarios y a las instituciones para que retomen sus responsabilidades de ley y prioricen la gobernanza sobre sus aspiraciones políticas personales.
El legislador detalló los casos de los funcionarios que, a su juicio, han descuidado sus encargos para centrarse en la colocación de espectaculares y promoción de imagen:
Seguridad Pública: Criticó al secretario Gilberto Loya, señalando que la inseguridad en el estado es un indicador del descuido en su área. Contrastó su labor con la de homólogos federales, asegurando que en Chihuahua es más visible el proselitismo que la protección a la población.
Gobernabilidad Interna: Mencionó a Santiago de la Peña, secretario general de Gobierno, como responsable de la política interna, cuya función consideró afectada por la dinámica electoral.
Desarrollo Social y Justicia: Incluyó en sus señalamientos al secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, encargado de la asistencia social, así como al exfiscal César Jáuregui, aunque acotó que la promoción de este último disminuyó tras su salida del cargo.
Para el bloque de Morena, permitir que el "gabinete toral" realice actividades de campaña representa un error estratégico de la mandataria estatal. El legislador insistió en que los espectaculares y la promoción mediática son evidencia de que no se está cumpliendo con el mandato ciudadano otorgado en las urnas.
Aunque reconoció que el Estado Mexicano también enfrenta retos y omisiones en materia de seguridad, subrayó que la responsabilidad estatal es ineludible. El pronunciamiento concluyó con una exigencia a las autoridades electorales y de control interno para que vigilen el uso de recursos y el cumplimiento de los horarios laborales de los secretarios estatales.


