
México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la recepción de diez solicitudes de detención provisional con fines de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos, incluyendo la del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. No obstante, la Cancillería mexicana advirtió que la documentación remitida por Washington carece de los elementos probatorios necesarios para determinar la responsabilidad de los señalados bajo la legislación nacional.
La SRE detalló que las solicitudes, recibidas a través de la Embajada estadounidense la tarde del lunes 28 de abril, han seguido el cauce institucional:
Turno a la FGR: Las peticiones fueron enviadas a la Fiscalía General de la República, única entidad facultada para evaluar la viabilidad jurídica de las detenciones provisionales.
Cuestionamiento de pruebas: La SRE subrayó que, tras una revisión inicial, los documentos enviados "no cuentan con elementos de prueba" suficientes conforme al sistema jurídico mexicano.
Extrañamiento formal: México enviará una nota de protesta a la Embajada de EE. UU. por la filtración y divulgación pública de los cargos, alegando que se violaron las cláusulas de confidencialidad de los tratados bilaterales.
Las solicitudes de extradición se derivan de la acusación formal de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por presunta colusión con el Cártel de Sinaloa:
Perfil de los solicitados: Además de Rocha Moya, la lista incluye a un senador, un alcalde, exsecretarios de Estado y mandos policiales de Sinaloa.
Delitos imputados: Conspiración para introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense.
Móvil delictivo: El Departamento de Justicia alega que los funcionarios recibieron sobornos masivos a cambio de brindar protección política y operativa a la facción de "Los Chapitos".
El futuro legal del gobernador y su círculo político depende ahora exclusivamente de la FGR. La Fiscalía deberá analizar si los "indicios" presentados por la DEA y el fiscal Jay Clayton cumplen con los estándares de prueba exigidos por el Tratado de Extradición entre ambos países. Mientras tanto, el extrañamiento de la SRE marca una postura de defensa de la soberanía procesal, indicando que el gobierno mexicano no procederá de forma automática ante los requerimientos de Washington si estos no se ajustan estrictamente al debido proceso en México.



