
EU.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó de manera "categórica y absoluta" las acusaciones formuladas en su contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. A través de un comunicado oficial, el mandatario aseguró que las imputaciones de colusión con el Cártel de Sinaloa carecen de veracidad y forman parte de una estrategia para desestabilizar el orden constitucional de México.
Rocha Moya vinculó la acusación de la DEA y el Departamento de Justicia con un intento de vulnerar los principios del movimiento que representa:
Argumento Constitucional: Sostuvo que este proceso violenta la soberanía nacional establecida en el artículo 40 de la Constitución, principio que calificó como "invariable e innegociable" para su gobierno.
Ataque al Movimiento: Afirmó que la denuncia no es solo personal, sino que busca golpear los liderazgos emblemáticos de la Cuarta Transformación (4T) y a los ciudadanos que respaldan dicha causa.
Promesa de Prueba: El gobernador aseguró que demostrará con "toda contundencia" la falta de fundamento de los cargos en el momento procesal oportuno.
En su mensaje, el gobernador apeló a la identidad regional para enfrentar el proceso legal iniciado en Estados Unidos:
Dignidad Estatal: "A las y los sinaloenses les digo que demostrarmeos la falta de sustento de esta calumnia", escribió el mandatario.
Estrategia "Perversa": Calificó la apertura del caso en Nueva York como una táctica diseñada para intervenir en la política interna del país.
Respaldo Institucional: Rocha Moya mantiene que su administración ha actuado bajo la ley, negando cualquier vínculo con la facción de "Los Chapitos" descrita en la acusación federal.
A pesar del rechazo del gobernador, la acusación en el Distrito Sur de Nueva York permanece activa y representa uno de los desafíos más graves para un mandatario estatal en funciones. Mientras Rocha Moya enmarca el caso como una disputa de soberanía, la justicia estadounidense mantiene los cargos por conspiración para el tráfico de fentanilo y armas, lo que genera una presión inédita sobre la administración federal para definir su postura ante la posible solicitud de comparecencia o extradición del mandatario sinaloense.



