EE.UU. aplicará leyes antiterroristas a funcionarios mexicanos ligados al narco

CIUDAD DE MÉXICO.– El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ordenó a sus fiscales federales utilizar leyes antiterroristas para perseguir y juzgar a funcionarios, políticos y mandos de seguridad mexicanos vinculados con el crimen organizado. La medida busca endurecer las sanciones penales y acelerar los procesos de extradición.

La instrucción fue emitida por el procurador general adjunto asociado del DOJ, Aakash Singh, quien exigió a los 93 fiscales federales de ese país triplicar las acusaciones contra servidores públicos que utilicen el aparato institucional para beneficiar a los cárteles de la droga.

Esta ofensiva legal se fundamenta en la clasificación oficial de los cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas. Bajo este marco jurídico, los implicados ya no solo enfrentarán cargos por narcotráfico o lavado de dinero, sino por "proporcionar apoyo material a grupos terroristas", un delito que contempla la cadena perpetua como pena máxima.

El endurecimiento de la estrategia de Washington coincide con la reciente acusación formal en Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve exfuncionarios de su administración, señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Especialistas advierten que el uso de legislación antiterrorista contra ciudadanos y funcionarios de un país vecino tensará la relación diplomática entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump, abriendo el debate sobre la soberanía nacional y los límites de la cooperación bilateral en materia de seguridad.