EU buscaría triplicar casos contra narcopolíticos en México

EU.- En un giro radical de la política exterior y judicial, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) instruyó a sus fiscalías federales triplicar las acusaciones contra políticos y funcionarios mexicanos vinculados con cárteles del narcotráfico. Según reportes del diario The New York Times, la nueva directriz incluye la orden de fincar cargos por terrorismo, elevando la gravedad de los procesos legales que anteriormente se limitaban a narcotráfico y lavado de dinero.

El Subprocurador General Adjunto, Aakash Singh, fue el encargado de transmitir esta instrucción a los 93 fiscales federales del país, enfatizando que la prioridad es combatir a quienes utilizan cargos públicos para encubrir el tráfico de fentanilo y otras sustancias.

Directriz de "Tolerancia Cero" y desdén diplomático

La instrucción de Singh destaca por un lenguaje inusualmente confrontativo, dejando de lado las cortesías diplomáticas habituales entre ambas naciones:

Incremento de casos: El DOJ solicitó triplicar el volumen de expedientes contra funcionarios que protejan a grupos criminales, ahora catalogados bajo la óptica del terrorismo.

Respuesta a México: Ante la posible molestia de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el subprocurador Singh fue tajante: “Si esto resulta desagradable para los funcionarios del Gobierno mexicano... no puedo pensar en nada que me importe menos”.

Efecto mediático: El funcionario estadounidense agregó que la humillación pública de los involucrados en estos procesos sería considerada "la cereza del pastel" para la justicia norteamericana.

Contexto: Organizaciones Terroristas Extranjeras

Este endurecimiento de penas y cargos es consecuencia directa de las políticas implementadas desde febrero de 2025 bajo la administración del presidente Donald Trump:

Designación de Cárteles: Seis grupos criminales, incluido el Cártel de Sinaloa, fueron designados oficialmente como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

Implicaciones legales: Esta etiqueta permite a los fiscales estadounidenses aplicar leyes antiterroristas, las cuales conllevan penas mucho más severas y otorgan mayores facultades de investigación y confiscación de activos.

Antecedente reciente: Apenas el 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios por narcotráfico, aunque en ese momento se excluyeron los cargos por apoyo al terrorismo que ahora se vuelven prioritarios.

Impacto en la relación bilateral

La nueva estrategia del Departamento de Justicia pone en una situación crítica la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Mientras Washington busca "exponer y humillar" a los políticos vinculados al crimen organizado mediante cargos de terrorismo, en México se anticipa una respuesta institucional que defienda la soberanía y los procesos internos de justicia.

Expertos en derecho internacional señalan que esta medida podría derivar en una oleada de solicitudes de extradición bajo nuevas figuras jurídicas, complicando el panorama para exfuncionarios y funcionarios en funciones que actualmente se encuentran bajo la lupa de las agencias de inteligencia estadounidenses.