Denuncian ante la FGR a Ebrard

México.- El diputado federal Marcelo Torres Cofiño (PAN) presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, y la exembajadora Josefa González Blanco Ortiz Mena. La querella señala el presunto uso indebido de recursos públicos y de la residencia oficial de la Embajada de México en Londres, tras admitirse que el hijo del exfuncionario se hospedó en dicho inmueble.

Delitos imputados y fundamento legal

El legislador albiazul señaló que los hechos podrían constituir diversas figuras delictivas contempladas en el Código Penal Federal:

Tipos penales: Ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, peculado, uso indebido de atribuciones y encubrimiento.

El antecedente: La denuncia surge luego de que Marcelo Ebrard, actual secretario de Economía, reconociera que su hijo se alojó en la embajada durante la pandemia, argumentando en su momento que no consideraba la acción como un abuso.

Postura del denunciante: Torres Cofiño afirmó que el uso de bienes públicos para beneficio familiar es una falta grave que no debe normalizarse: "Los recursos del Estado son de las y los mexicanos, no de los funcionarios".

Diligencias solicitadas a la Fiscalía

La denuncia presentada ante la FGR exige una investigación profunda que incluya:

Requerimientos de información: Solicitud formal de datos a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la sede diplomática en el Reino Unido.

Evidencia administrativa: Obtención de bitácoras, registros de acceso y documentación administrativa de la residencia oficial en Londres.

Comparecencias: Se pide que la Fiscalía cite a declarar a los involucrados para esclarecer bajo qué criterios y costos se permitió el alojamiento de un particular en el inmueble destinado a funciones de Estado.

Implicaciones políticas y diplomáticas

Este caso pone bajo la lupa los protocolos de la Cancillería mexicana respecto al uso de las residencias oficiales, las cuales son costeadas con el presupuesto público para fines estrictamente diplomáticos. Mientras Ebrard Casaubón sostiene que la situación se dio en un contexto excepcional de crisis sanitaria global, la oposición legislativa insiste en que la legalidad debe prevalecer sobre las circunstancias, buscando que la FGR determine si existió un daño al erario o un aprovechamiento indebido de la jerarquía política para beneficio del núcleo familiar del entonces canciller.