
EU.- El gobierno de Estados Unidos impuso restricciones de visa a 75 individuos, identificados como familiares o asociados cercanos a miembros del Cártel de Sinaloa. El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que esta medida busca asfixiar la operatividad de la organización criminal, ahora clasificada como una Organización Terrorista Extranjera (FTO), limitando no solo a los cabecillas, sino a toda su red de apoyo y facilitadores indirectos.
La ofensiva se sustenta en herramientas legales de alta capacidad administrativa para el gobierno estadounidense:
Orden Ejecutiva 14059: Firmada originalmente en 2021, esta norma permite sancionar a extranjeros involucrados en el tráfico global de drogas ilícitas, con énfasis en el fentanilo.
Poderes de la OFAC: El Departamento del Tesoro queda facultado para congelar activos y prohibir cualquier transacción financiera con los individuos designados, bloqueando su acceso al sistema bancario internacional.
Política de Seguridad: Rubio destacó que estas acciones forman parte de la estrategia de la administración para fortalecer la seguridad regional y combatir a los "narco-terroristas".
El anuncio refuerza la postura adoptada el pasado 20 de febrero, cuando Washington elevó el estatus legal de varios grupos criminales mexicanos:
Designación FTO: El Cártel de Sinaloa, junto al CJNG, el Cártel del Golfo y otros, fueron catalogados como Terroristas Globales Especialmente Designados.
Violencia Transnacional: El Departamento de Estado justificó esta medida señalando al cártel por el uso de violencia extrema, asesinatos y secuestros para intimidar a civiles, periodistas y funcionarios.
Crisis del Fentanilo: La organización es señalada como la principal productora y traficante de sustancias sintéticas letales que afectan a la población estadounidense.
Esta nueva ronda de sanciones envía un mensaje claro sobre la "responsabilidad compartida" dentro de las estructuras delictivas. Al atacar el entorno familiar, las autoridades estadounidenses pretenden degradar la logística transnacional del cártel, que opera en múltiples países. Según Rubio, el objetivo central es proteger a los ciudadanos estadounidenses de los efectos devastadores del narcotráfico, asegurando que el Departamento de Estado continuará utilizando todas las herramientas a su alcance para limitar la movilidad de quienes facilitan estas actividades ilícitas.



