
EU.- En un giro inesperado de política exterior y judicial, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos modificó las sanciones contra Venezuela para permitir que el Ejecutivo de ese país pague los honorarios de los abogados que defienden a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La medida responde a la presión legal de la defensa, que argumentaba una violación al derecho constitucional de elegir representación legal en el proceso por narcotráfico que la pareja enfrenta en Nueva York.
El documento legal publicado este viernes establece criterios estrictos para que los fondos puedan ser transferidos a los bufetes defensores:
Origen de los fondos: Los pagos deben realizarse con recursos disponibles para el Gobierno venezolano generados después del 5 de marzo de 2026.
Restricción de depósitos: Queda estrictamente prohibido que los honorarios se deriven de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros.
Licencias enmendadas: La OFAC autorizó estas excepciones específicas para evitar que el caso sea desechado por tecnicismos constitucionales relacionados con la Sexta Enmienda de EE. UU.
La decisión de la administración Trump ocurre tras meses de bloqueo financiero y el escepticismo del juez Alvin Hellerstein, quien cuestionó si la pareja seguía siendo una amenaza para la seguridad nacional estando bajo custodia:
Captura en Caracas: Maduro (63 años) y Flores (69 años) fueron detenidos el pasado 3 de enero en una operación de fuerzas especiales estadounidenses y trasladados a una prisión federal en Brooklyn.
Cargos graves: Ambos enfrentan acusaciones por conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína, de los cuales se han declarado "no culpables".
Lucha legal: El abogado líder de la defensa, Barry Pollack, había solicitado la desestimación del caso alegando que el bloqueo de fondos impedía una defensa justa.
Con esta resolución, el proceso entra en una fase de preparación técnica que podría prolongarse significativamente. Expertos legales estiman que el juicio formal en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York no iniciará hasta dentro de uno o dos años, dado el volumen de pruebas y la complejidad de las acusaciones que vinculan a la ex pareja presidencial con redes internacionales de tráfico de drogas.



