
CDMX.- El reciente accidente en la sierra de Chihuahua, donde fallecieron dos agentes de la CIA y mandos de la inteligencia estatal, ha desencadenado una crisis diplomática entre México y Estados Unidos debido a la falta de autorización federal para dicha operación.
Choque entre Gobierno Federal y Estatal
La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió públicamente a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, asegurando que el Gobierno Federal no fue notificado sobre la participación de agentes extranjeros en el operativo. Sheinbaum calificó el hecho como una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional, la cual exige que cualquier colaboración con agencias externas sea canalizada a través de la Cancillería.
Por su parte, el gobierno estatal sostuvo inicialmente que la Sedena estaba al tanto, versión que ha generado contradicciones con el gabinete de seguridad nacional, el cual afirma que solo se solicitó apoyo logístico sin mencionar la presencia de personal de la Embajada de EE. UU.
Dudas sobre la labor de los agentes
Reportes de medios como The Washington Post confirmaron que los fallecidos pertenecían a la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Las investigaciones actuales buscan esclarecer por qué los agentes operaban en una zona de alto conflicto sin los protocolos binacionales del Entendimiento Bicentenario.
Expertos y exoficiales de seguridad han calificado de "absurda" la versión inicial de que los agentes solo estaban de paso o recibiendo un "aventón", señalando que la vestimenta y el equipo sugerían una participación operativa directa.
Puntos clave del conflicto:
• Falta de aval: Ni la SRE ni la SSPC autorizaron la presencia táctica de los agentes en la sierra.
• Soberanía en juego: El Gobierno Federal investiga si el estado de Chihuahua sobrepasó sus facultades al pactar directamente con agencias extranjeras.
• Impacto diplomático: Washington ha solicitado empatía ante los riesgos que enfrentan sus funcionarios, mientras México exige respeto irrestricto a sus leyes migratorias y de seguridad.
• Investigación abierta: La Fiscalía General de la República (FGR) podría atraer el caso para determinar responsabilidades sobre la operación no autorizada.



