
Una jornada de extrema violencia azotó al estado de Sinaloa este sábado 12 de septiembre, con un saldo total de 10 personas asesinadas en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Escuinapa, a escasas horas de que se lleve a cabo la segunda marcha ciudadana por la paz y la seguridad.
Los crímenes ocurren en un contexto crítico de seguridad que atraviesa la entidad, marcado por la disputa entre las facciones criminales de "Los Chapitos" y "Los Mayos" del Cártel de Sinaloa, conflicto que ha dejado más de tres mil víctimas mortales desde su escalada hace dos años. Pese al despliegue de elementos de seguridad federales y estatales, los homicidios dolosos continuaron al alza durante el fin de semana.
De acuerdo con los reportes oficiales y ministeriales, los hechos violentos se distribuyeron de manera focalizada en la zona centro y sur del estado. En Culiacán, la capital sinaloense, se registraron cuatro homicidios dolosos a lo largo del día, incluyendo el hallazgo de cuerpos con huellas de tortura, mensajes amenazantes y el ataque armado directo contra una mujer que conducía sobre el bulevar José Limón.
Por su parte, el puerto turístico de Mazatlán acumuló cinco ejecuciones, convirtiéndose en el municipio con mayor incidencia violenta de la jornada. Esto ocurrió a pesar de la reciente implementación de la Fuerza de Reacción Interinstitucional, un agrupamiento especial coordinado entre policías municipales, estatales, personal de la Guardia Nacional y de la Defensa para contener el impacto de la delincuencia organizada en la región.
El repunte de ejecuciones y enfrentamientos ha generado profunda indignación y temor entre los habitantes del estado, quienes se preparan para salir a las calles este domingo en una nueva marcha pacífica. Los organizadores y sectores civiles exigen a las autoridades frenar la impunidad, garantizar la protección de la población civil y restablecer el orden social trastocado por las pugnas internas del narcotráfico.
Ante este escenario de inseguridad persistente, las corporaciones de seguridad mantienen una vigilancia estricta y operativos de patrullaje en las principales ciudades del estado. Sin embargo, los recientes eventos demuestran los enormes desafíos que enfrentan los tres niveles de gobierno para pacificar el territorio sinaloense y brindar tranquilidad a las familias afectadas.



