
Por Alessia Guerra
En la política chihuahuense, la lealtad tiene fecha de caducidad y el «fuego amigo» suele ser el más certero. La reciente carta abierta de César Gustavo Jáuregui Moreno desde las frías paredes del Altiplano no solo retumba en la sede nacional del PAN; expone las tripas de un sistema donde aspirar fuera del libreto oficial se paga con carcelazo.
Jáuregui cometió el pecado capital de la política criolla: querer cuando no le tocaba. Su aspiración a la alcaldía de Chihuahua capital —un bastión que muchos ya entretejen en negociaciones de cúpula— terminó dinamitada en una carambola perfecta entre la Fiscalía estatal y la FGR. Resulta fascinante la velocidad con la que las rencillas partidistas e ideológicas entre el Palacio de Gobierno de Chihuahua y la Federación se disuelven mágicamente cuando se trata de alinear a un rebelde. Para el público, el circo y las sombreradas; tras bambalinas, la mesa servida.
Lo desgarrador no es solo el viraje judicial —de testigo a traidor a la patria en cuestión de metros a la salida de la Ciudad Judicial—, sino el atronador silencio del panismo. Quien ayer marchaba y ponía el pecho para defender a la hoy gobernadora Maru Campos frente al linchamiento político, hoy descubre que en la política de altos vuelos la gratitud es un lujo que nadie se cobra. El CEN, los senadores y los diputados albiazules miran hacia otro lado mientras la militancia atestigua cómo se entrega el estado en bandeja de plata.
¿Abandonaron a César Jáuregui? La respuesta flota en el aire de las oficinas del PAN, donde el abandono no es omisión, sino estrategia. Cuando la justicia se convierte en la herramienta predilecta para aplacar ambiciones electorales, la democracia entera entra en prisión preventiva. Hoy le tocó a él pagar la factura por no pedir permiso, por querer cuando ya tienen al elegido, qué tipo de democracia tienen en Acción Nacional, critican lo que son; mañana, cuando la militancia despierte y vea que vendieron la casa, quizás ya no quede a quién pedirle cuentas.



