
Chihuahua.- En un movimiento inesperado que impacta al gabinete estatal, César Jáuregui Moreno presentó este lunes su renuncia irrevocable como Fiscal General del Estado de Chihuahua. El ahora exfuncionario justificó su salida como un acto de "congruencia política", asumiendo la responsabilidad total por las irregularidades operativas y legales derivadas del desmantelamiento de un mega laboratorio de metanfetaminas en el municipio de Morelos.
La renuncia se produce en medio de una crisis institucional tras el operativo en la comunidad de El Pinal, donde las fallas en el procedimiento administrativo empañaron el resultado policial:
Omisiones Legales: Jáuregui reconoció errores en el aseguramiento de la infraestructura criminal y fallas graves en la cadena de mando.
Presencia de Extranjeros: El ex fiscal admitió que no se reportó oficialmente la participación de dos ciudadanos estadounidenses (identificados como agentes de la CIA) en el convoy que posteriormente sufrió un accidente mortal.
Costo Humano: El siniestro cobró la vida de cuatro personas, incluyendo al director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes.
Durante su mensaje de despedida, Jáuregui fue enfático en la necesidad de mantener la integridad institucional por encima de los éxitos operativos:
Apego a la Ley: "La lucha contra las estructuras criminales no debe justificar actuaciones que se aparten del estricto apego a la ley", sentenció ante los medios.
Objetividad en la Investigación: Afirmó que su retiro busca que las indagatorias sobre las "irregularidades detectadas" se realicen sin presiones políticas ni sospechas de obstrucción desde la propia fiscalía.
Responsabilidad Constitucional: El ex fiscal subrayó que el liderazgo constitucional de la institución le obligaba a dar un paso al costado para proteger la confianza ciudadana.
Tras la firma del documento de renuncia, el Gobierno del Estado deberá iniciar el proceso para proponer una terna ante el Congreso Local y designar a un nuevo titular. Por el momento, la institución queda bajo un mando interino mientras se procesan los peritajes finales sobre el accidente en la sierra y se aclara el conflicto diplomático con el Gobierno de Estados Unidos sobre la actuación de sus agentes en suelo chihuahuense.



