
México.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, perdió su visa estadounidense debido a investigaciones en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado, según confirmó el periodista Steve Fisher de Los Angeles Times. La medida, que habría sido ejecutada desde 2025 bajo absoluta reserva, sale a la luz en el marco de una agresiva campaña anticorrupción lanzada por el gobierno de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos.
La investigación periodística revela que la sanción administrativa contra el mandatario sinaloense no es un hecho reciente, sino una decisión consolidada por el Departamento de Estado:
Vigencia de la sanción: El documento le fue retirado desde el año pasado, aunque la administración estatal no había hecho pública la restricción de viaje.
Investigación en curso: La pérdida del visado está ligada a sospechas de colusión con organizaciones delictivas, un tema que Washington ha priorizado en su agenda de seguridad binacional.
Sin detalles específicos: Aunque la cancelación es un hecho confirmado por fuentes cercanas al caso, los motivos técnicos y las evidencias exactas que derivaron en la revocación permanecen bajo reserva de la inteligencia norteamericana.
La confirmación de esta noticia coincide con las recientes y contundentes declaraciones del embajador de EE. UU. en México, Ronald Johnson, durante su gira por Sinaloa:
Ofensiva Anticorrupción: Johnson ha señalado que Estados Unidos irá tras los políticos presuntamente corruptos que erosionan la confianza en los mercados y la seguridad.
Señalamientos Directos: El periodista Steve Fisher destacó que las declaraciones del embajador son inusualmente directas para el protocolo diplomático, reflejando una postura inflexible ante la corrupción gubernamental.
Consecuencias Judiciales: La cancelación de visas es vista como el primer paso de una campaña que podría incluir acusaciones formales en tribunales federales estadounidenses.
La situación de Rocha Moya genera una presión sin precedentes sobre el bloque de Morena, tanto en Sinaloa como a nivel nacional. Al ser uno de los gobernadores más cercanos al legado del expresidente López Obrador, su restricción migratoria pone a prueba la narrativa de honestidad del partido oficialista y complica la relación de la presidenta Claudia Sheinbaum con el gobierno de Donald Trump, en un momento en que la seguridad y el narcotráfico dominan la mesa de negociaciones bilaterales.



