
Chihuahua.- Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Francisco Márquez Salcido, exdirector administrativo de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), por su probable responsabilidad en el delito de peculado agravado. Se le acusa de desviar 31 millones 570 mil 451.46 pesos del erario público durante el ejercicio fiscal 2020, recursos que habrían sido utilizados para un esquema de arrendamiento vehicular irregular.
La investigación presentada por la Fiscalía Anticorrupción detalla una serie de anomalías financieras y administrativas que sustentan el caso:
El Contrato: El exfuncionario firmó el arrendamiento de 42 vehículos, a pesar de que el presupuesto aprobado para activos fijos era significativamente menor al monto del contrato.
Temporalidad Atípica: El juez resaltó que el gasto se realizó durante la pandemia, cuando las clases eran 100% virtuales y las actividades administrativas estaban restringidas, lo que eliminaba la necesidad de adquirir una flota vehicular nueva.
Origen de la Denuncia: Los hechos fueron denunciados inicialmente por personal interno de la propia universidad, lo que facilitó la obtención de pruebas documentales.
Tras una audiencia de más de seis horas, la autoridad jurisdiccional determinó lo siguiente:
Fundamento de la acusación: Se consideró que la Fiscalía desvirtuó con éxito los argumentos de la defensa, estableciendo que existen elementos suficientes para presumir el delito.
Plazo de Cierre: Se fijaron cuatro meses para la investigación complementaria, periodo en el cual ambas partes aportarán pruebas finales.
Medidas Cautelares: El imputado permanecerá bajo restricciones legales (medidas cautelares) para asegurar su presencia durante el juicio y evitar obstrucciones a la justicia.
El fiscal Abelardo Valenzuela calificó la resolución como un triunfo de la "investigación técnica" y jurídica. Aseguró que el organismo continuará persiguiendo los delitos que vulneren la confianza ciudadana y el patrimonio de los chihuahuenses, destacando que el uso indebido de recursos públicos en instituciones educativas es una prioridad para la actual administración de justicia.



