
CIUDAD DE MÉXICO.– La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó de forma categórica que su administración busque implementar cualquier tipo de censura o restricción regulatoria sobre las concesiones de televisión abierta, tras los posicionamientos emitidos en torno a la línea editorial de la cadena corporativa TV Azteca. Durante su conferencia matutina efectuada en el salón Tesorería de Palacio Nacional este martes 26 de mayo de 2026, la mandataria federal aclaró que el Estado garantiza plenamente las libertades de elección de los ciudadanos, aunque mantuvo su postura de disconformidad institucional hacia los contenidos informativos de la empresa privada.
La Jefa del Ejecutivo federal argumentó que las precisiones formuladas en los foros oficiales corresponden a un ejercicio del derecho de réplica y opinión gubernamental, asegurando que las audiencias del país mantienen la facultad irrestricta de sintonizar las plataformas de comunicación de su preferencia en este mes.
El desglose técnico de los criterios vertidos por la Presidencia de la República y los marcos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión detallan las siguientes variables del entorno público en este año 2026:
Respeto a la libre elección de las audiencias: Ante los cuestionamientos de los representantes de los medios de comunicación respecto a los alcances de sus intervenciones previas, la presidenta Sheinbaum deslindó las directrices de comunicación social de cualquier pretensión punitiva. “Hay libertad para que cada quien vea lo que quiera. Ayer di una opinión porque está lleno de mentiras, pero cada quien puede ver el canal de su preferencia”, determinó en este inicio de semana.
Mecanismos de réplica en foros institucionales: La presidencia acotó que las asimetrías informativas y los reportes emitidos en los noticieros de la cadena concesionada motivaron la fijación de la postura estatal. Los asesores del área de comunicación social apuntaron que el ejercicio sistemático de aclaración de datos en la franja matutina opera como un contrapeso de transparencia pública, sin interferir con las operaciones comerciales o los títulos de concesión que administra el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en este año 2026.



