
México.- La diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Vanessa López Carrillo, presentó una iniciativa de ley para tipificar como abuso de confianza la disposición no autorizada de fondos, efectivo o tarjetas bancarias destinadas al cobro de pensiones y apoyos sociales, estableciendo penas agravadas cuando las víctimas sean personas adultas mayores o con discapacidad.
La propuesta legislativa, remitida para su análisis a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, contempla reformas al Código Penal Federal mediante la adición de la fracción IV al artículo 383 y un segundo párrafo al artículo 385.
Tipificación del delito, sanciones y protocolos de atención:
Conducta sancionada: Incurrirá en abuso de confianza quien, en calidad de depositario, custodio, auxiliar o encargado de la tarjeta bancaria o instrumento de cobro de programas sociales del Estado, disponga de los fondos para beneficio personal o de un tercero sin el consentimiento explícito del titular.
Sanciones y agravantes: El proyecto contempla penas que van de seis meses a seis años de prisión y multas de hasta cien veces el salario mínimo, las cuales se incrementarán hasta en una tercera parte si el delito se comete contra adultos mayores, personas con discapacidad, o por parte de familiares hasta el cuarto grado, cuidadores o personas de confianza.
Protocolos de procuración: En sus artículos transitorios, la iniciativa ordena al Banco del Bienestar y a las instituciones de procuración de justicia implementar mecanismos accesibles para recibir y canalizar denuncias por retención ilícita o despojo de tarjetas.
Justificación social: La legisladora argumentó que las barreras digitales, de movilidad y de salud obligan a millones de beneficiarios a confiar sus plásticos a terceros, generándose casos de expoliación patrimonial intrafamiliar que los esquemas civiles actuales no han logrado disuadir.



