
Chihuahua.- La Fiscalía General de la República (FGR), a petición del Gobierno de Chihuahua, solicitó formalmente a Estados Unidos la deportación de Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte. El fiscal del estado, César Jáuregui Moreno, confirmó que la solicitud busca que la mujer sea presentada ante la justicia local para enfrentar dos órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de peculado agravado y robo.
Gómez Fong se encuentra actualmente bajo un proceso legal en el vecino país que definirá su futuro inmediato:
Detención y libertad: Fue capturada el pasado 25 de marzo y recluida en el Centro de Procesamiento de El Paso; sin embargo, el 14 de abril obtuvo su libertad bajo fianza mientras continúa su juicio migratorio.
Intervención estatal: La Fiscalía de Chihuahua ya envió al juez estadounidense la información sobre los mandatos judiciales pendientes para influir en la decisión de su estatus legal en Texas.
Sin fecha de audiencia: Hasta el momento, las autoridades norteamericanas no han fijado el día en que se resolverá si procede su expulsión hacia México.
Las órdenes de aprehensión contra la ex presidenta del DIF Estatal datan de hace más de cinco años y se desglosan de la siguiente manera:
Robo: Se le acusa de la presunta sustracción de diversos artículos y mobiliario de la Casa de Gobierno al finalizar la administración de Duarte en 2016.
Peculado Agravado: Se investiga su participación en el desvío de recursos públicos durante el sexenio 2010-2016.
Triangulación de fondos: Según la FGR, parte de los más de 96 millones de pesos desviados por su esposo a empresas propias habrían terminado en cuentas personales de Gómez Fong, aunque por este hecho federal aún no cuenta con orden de captura.
Esta solicitud de deportación ocurre mientras el exgobernador César Duarte permanece vinculado a proceso por el presunto lavado de casi 74 millones de pesos. El Fiscal Jáuregui, entrevistado en la Ciudad de México durante la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia, enfatizó que la colaboración con la FGR es clave para evitar que los exfuncionarios involucrados en actos de corrupción evadan la justicia refugiándose en el extranjero.



