
México.- La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el cierre de las investigaciones contra la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, adscrita a la Secretaría de Marina (Semar), tras el descarrilamiento ocurrido en diciembre pasado. La fiscal Ernestina Godoy informó que no se halló responsabilidad penal en la paraestatal, atribuyendo el incidente, que dejó un saldo de 14 fallecidos, a fallas humanas operativas.
De acuerdo con las diligencias ministeriales y periciales en materia de ingeniería, seguridad industrial y topografía, la FGR determinó que la infraestructura ferroviaria cumplía con la normativa vigente.
Causa principal: Exceso de velocidad calificado como "negligente" durante la conducción.
Estado de la vía: Los peritajes confirmaron que el cimiento, el balasto y la calidad de los materiales cumplían con los estándares técnicos.
Material rodante: Las auditorías mecánicas a locomotoras y vagones no presentaron fallas de origen que incidieran en el siniestro.
La fiscal Godoy ratificó que la acción penal contra la paraestatal se extinguió tras la firma de un acuerdo reparatorio. Un total de 145 víctimas (114 adultos y 31 menores de edad) aceptaron el resarcimiento de daños por parte de la empresa, lo que derivó en el otorgamiento del perdón por los delitos de daño en propiedad ajena y ataques a las vías de comunicación.
Asimismo, se descartaron delitos de uso ilícito de atribuciones tras analizar seis auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y expedientes de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sobre 41 contratos públicos relacionados con la obra.
Pese al cierre del caso contra la empresa como institución, el proceso legal continúa contra tres individuos identificados como presuntos responsables directos de la operación:
Ricardo Mendoza Cerón: Jefe de despacho.
Maquinista del tren: Señalado por omisiones y conducción con exceso de velocidad.
Conductor de la unidad: Bajo investigación por homicidio y lesiones culposas.
Las autoridades destacaron que la resolución del caso se basó en un análisis exhaustivo de contratos, mantenimiento y auditorías previas, concluyendo que la administración de la vía no presentó irregularidades penales denunciables.



