
México.- La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma constitucional en materia electoral, conocida como "Plan B", tras una sesión marcada por la eliminación del apartado que buscaba empalmar la revocación de mandato con los comicios federales de 2026. La iniciativa avanzó con el respaldo del bloque oficialista y el voto sorpresivo de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC).
A diferencia del proceso en el Senado —donde el Partido del Trabajo (PT) impulsó la remoción del tema de revocación—, en la Cámara Baja se consolidó una mayoría integrada por Morena, el PVEM, el PT y MC.
El vicecoordinador de la bancada naranja, Pablo Vázquez Ahued, justificó su voto a favor argumentando que su partido no obstaculizará la reducción de privilegios ni el derroche de recursos públicos, desmarcándose de lo que calificó como "el juego de distractores de la polarización política".
Por otro lado, las bancadas del PAN y el PRI mantuvieron un rechazo firme a la propuesta. La oposición presentó tres mociones suspensivas que finalmente no prosperaron, basando su negativa en tres puntos críticos:
Debilitamiento Federal: Señalan una posible vulneración a la autonomía de las entidades.
Derechos Indígenas: Acusan cambios en ayuntamientos indígenas sin la consulta previa obligatoria a los pueblos originarios.
Seguridad Electoral: Argumentan que la reforma omite mecanismos para afrontar la infiltración de grupos delictivos en los procesos electorales.
Tras la aprobación en lo general, la sesión continuó con el debate de 137 reservas presentadas por 60 legisladores. No obstante, el panorama legislativo sugiere que el dictamen se mantendrá sin modificaciones sustanciales en lo particular.
Claves del "Plan B" aprobado:
Austeridad: Enfoque en la reducción del gasto operativo de los organismos electorales.
Calendario: Desvinculación definitiva de la revocación de mandato de las elecciones de 2026.
Representación: Ajustes en la estructura de los ayuntamientos y distritos.
El dictamen será turnado para su seguimiento constitucional, mientras los partidos de oposición han adelantado que podrían recurrir a instancias judiciales para impugnar ciertos apartados de la reforma.



