
Juárez.- La funeraria Latinoamericana fue notificada formalmente sobre una demanda civil por daño moral, interpuesta por una familia juarense afectada por irregularidades en los servicios fúnebres contratados. El litigio surge tras el hallazgo, el año pasado, del cuerpo de su familiar en instalaciones ajenas a la empresa, a pesar de que se les había informado que los restos ya habían sido incinerados.
De acuerdo con el despacho jurídico Lex Iusta Abogados, encargados de la representación legal, la demanda se fundamenta en que la funeraria no notificó a los clientes sobre la subrogación del servicio de cremación a un tercero (establecimiento "Plenitud").
Principales violaciones señaladas en la demanda:
Ley General de Salud: Incumplimiento en el manejo y destino final de restos humanos.
Ley Federal de Protección al Consumidor: Falta de transparencia en la prestación de servicios subcontratados.
Normas Oficiales Mexicanas: Omisión de protocolos en procesos de inhumación y cremación.
En julio de 2025, tras revelarse irregularidades en el manejo de cuerpos en el crematorio subcontratado, directivos de la funeraria admitieron que la relación comercial con dicho establecimiento se basaba en un "contrato verbal" operativo entre los años 2021 y 2023.
A pesar de que la empresa sostuvo en su momento contar con bitácoras y facturas, la parte demandante alega que el proceso no cumplió con las garantías legales mínimas, derivando en el hallazgo de restos en condiciones de hacinamiento meses después de la supuesta entrega de cenizas.
Este proceso por la vía civil se suma a una serie de acciones legales que la Fiscalía y juzgados civiles mantienen contra diversas casas mortuorias en Ciudad Juárez.
Estado actual de otros procesos:
Vía Penal: Procesamiento de personal de diversas funerarias por delitos contra el respeto a los cadáveres y falsificación de documentos.
Próximas Audiencias: Para el 17 de abril de 2026, se tiene programada la audiencia inicial contra propietarios de otros establecimientos vinculados a afectaciones similares contra más de 20 familias.
Las autoridades judiciales han reiterado la importancia de que los usuarios exijan contratos por escrito y verifiquen que las funerarias cuenten con permisos vigentes para evitar fraudes en servicios de cremación.



