
Michoacán.- El exalcalde de Tumbiscatío, Juan Manuel Magaña Arreola, fue localizado sin vida la tarde de este viernes 17 de abril sobre la carretera que comunica a la cabecera municipal con la localidad de Las Cruces. El cuerpo del exfuncionario, quien gobernó el municipio durante el periodo 2018-2021, fue hallado sobre la carpeta asfáltica, lo que provocó una fuerte movilización de fuerzas estatales y federales en la región de la Tierra Caliente.
Magaña Arreola, quien llegó al poder bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, había intentado regresar a la escena pública recientemente, pero su carrera se vio truncada por el clima de inseguridad:
Candidatura fallida: En 2024, buscó nuevamente la alcaldía de Tumbiscatío; sin embargo, renunció a la contienda de manera inesperada y sin ofrecer explicaciones públicas, lo que derivó en la cancelación de su planilla.
Ola de renuncias: Su caso se sumó a una crisis electoral en Michoacán, donde ese mismo año se registraron 190 renuncias de aspirantes a diversos cargos municipales debido a presiones y amenazas.
El municipio se ha consolidado como un punto neurálgico para el crimen organizado debido a su ubicación estratégica entre la Sierra y la Costa:
Guerra de cárteles: La zona es escenario de enfrentamientos constantes entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras y la Nueva Familia Michoacana, quienes se disputan el control de los caminos rurales.
Tácticas de guerra: Se ha reportado el uso de minas terrestres artesanales y drones, lo que ha complicado el libre tránsito y la seguridad de los habitantes y funcionarios.
Presencia extranjera: Las autoridades han detectado la participación de ciudadanos venezolanos vinculados a grupos delictivos en la zona, destacando enfrentamientos previos con el Ejército Mexicano en 2024.
El homicidio de Juan Manuel Magaña Arreola ocurre en un contexto donde los exalcaldes y actores políticos de la región permanecen bajo un riesgo constante. La Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones correspondientes para determinar si el crimen está vinculado a su pasada gestión administrativa o a su intento de participar en el último proceso electoral, en una zona donde el control delictivo ha impuesto su ley sobre las instituciones civiles.



