
México.- La Cámara de Diputados aprobó este miércoles 25 de marzo en lo general la reforma al artículo 127 constitucional, la cual pone fin a las llamadas "pensiones doradas". Con esta medida, ninguna jubilación de exservidores públicos de mandos superiores podrá exceder el salario de la persona titular del Ejecutivo Federal, fijando un tope máximo de aproximadamente 70 mil pesos mensuales. La iniciativa, impulsada originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca recuperar cerca de 5 mil millones de pesos anuales para destinarlos a programas sociales y reducir la brecha de desigualdad en el sistema de retiro este 2026.
El dictamen, que ya había sido avalado por unanimidad en el Senado, avanza ahora en San Lázaro con el respaldo del bloque oficialista (Morena, PVEM y PT), mientras continúa la discusión en lo particular.
El tope salarial: La reforma establece que ninguna pensión de confianza podrá superar la mitad de las remuneraciones brutas que percibe la Presidenta de la República.
Instituciones afectadas: La medida impactará principalmente a exdirectivos de organismos como Pemex, CFE, Banco de México, Banobras y la banca de desarrollo, donde se han documentado jubilaciones que superan el millón de pesos mensuales.
Excepciones importantes: Quedan fuera de este recorte los trabajadores de base, personal sindicalizado con contratos colectivos y las Fuerzas Armadas, garantizando que no se afecten los derechos adquiridos de los empleados de menores ingresos.
A pesar de la aprobación en lo general, la sesión estuvo marcada por intensos debates entre las bancadas sobre la aplicación y el alcance de la nueva ley.
Críticas de la oposición: Diputados de Movimiento Ciudadano, como Claudia Ruiz Massieu, señalaron que la reforma busca una aplicación retroactiva para obtener recursos inmediatos, lo que podría derivar en una lluvia de amparos por parte de los afectados.
Transparencia bajo lupa: Se cuestionó la exclusión del Poder Judicial y las Fuerzas Armadas del tope general, señalando que la austeridad debería ser pareja para todas las instituciones del Estado mexicano.
Destino de los recursos: El Gobierno Federal ha enfatizado que los ahorros generados por la eliminación de estos privilegios se integrarán directamente al presupuesto de los Programas para el Bienestar, fortaleciendo la red de protección social.
Para la administración actual, esta reforma representa un eje central del combate a los privilegios del periodo neoliberal. La eliminación de estas remuneraciones "ofensivas", como las ha calificado la propia Presidenta, es vista como una medida de justicia social frente a las pensiones promedio de los trabajadores, que rondan los 7 mil pesos mensuales.
Se espera que tras concluir la discusión en lo particular, el dictamen sea enviado a los Congresos estatales para su ratificación definitiva, al tratarse de una modificación a la Carta Magna que requiere el aval de la mayoría de las legislaturas locales antes de su promulgación oficial.



