Detienen a Magistrada en Feria de San Marcos

AGUASCALIENTES, AGS. – La magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes, Martha Elba Dávila Pérez, y su esposo, Alejandro Jorge García, director general de Monitoreo del Gobierno estatal, fueron detenidos la madrugada de este domingo durante las festividades de la Feria Nacional de San Marcos. El incidente, captado en video y difundido en plataformas digitales, ocurrió presuntamente tras un altercado en un establecimiento comercial dentro del recinto ferial.

Los hechos en el perímetro ferial

De acuerdo con versiones preliminares, la detención se originó luego de que la pareja presuntamente se viera involucrada en un conflicto por el pago de una cuenta en un local de comida. En el material audiovisual compartido en redes sociales, se observa la intervención de elementos de seguridad pública, mientras el funcionario estatal aparentemente muestra resistencia al arresto.

Hasta el momento, ninguna de las dependencias a las que pertenecen los involucrados ha emitido un comunicado oficial sobre la situación jurídica o las posibles sanciones administrativas que este hecho podría acarrear debido a su naturaleza como servidores públicos.

Trayectoria y cargos públicos

Martha Elba Dávila Pérez asumió su cargo como magistrada en agosto de 2025, siendo parte de la primera generación del Tribunal de Disciplina Judicial, un organismo creado tras la reciente reforma judicial en México. Este tribunal tiene entre sus funciones principales:

Investigar y evaluar el desempeño de jueces y magistrados.

Sancionar conductas indebidas del personal judicial.

Garantizar la ética y transparencia en el ejercicio de la justicia local.

Por su parte, Alejandro Jorge García cuenta con una trayectoria en la administración pública que incluye cargos como secretario general de la Comisión de Derechos Humanos del estado y director jurídico del Instituto de Educación de Aguascalientes.

Implicaciones éticas y sociales

La detención de ambos funcionarios ha generado una fuerte reacción en la opinión pública, dado que sus cargos están estrechamente vinculados con la legalidad, los derechos humanos y la disciplina institucional. El caso se mantiene bajo análisis de las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar si existieron faltas al código de ética del servicio público en la entidad.