
CIUDAD DE MÉXICO.— La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que establece el requisito de nacionalidad única para quien ocupe la Presidencia de la República y las gubernaturas de los estados. Con una votación de 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, el pleno avaló que los titulares del Poder Ejecutivo a nivel federal y local no puedan adquirir, invocar ni hacer valer ninguna otra nacionalidad durante el ejercicio de sus funciones públicas.
La medida legal prohíbe explícitamente que las autoridades ejecutivas posean doble o múltiple nacionalidad activa mientras permanezcan en sus encargos constitucionales. Durante la fundamentación del proyecto ante el pleno, la bancada mayoritaria de Morena argumentó que el propósito central radica en blindar la soberanía nacional y asegurar que quienes encabecen las instituciones ejecutivas mantengan un vínculo jurídico e interés exclusivo con el Estado mexicano.
El diputado Leonel Godoy Rangel detalló que esta modificación constitucional no incide de manera retroactiva sobre las autoridades actualmente en funciones. De acuerdo con las disposiciones transitorias aprobadas, la exigencia de nacionalidad mexicana exclusiva entrará en vigor de forma efectiva para las candidaturas que participen a partir de los procesos electorales programados para el año 2028.
Por su parte, legisladores de las bancadas de oposición del PRI y PAN emitieron su voto en contra tras advertir posibles retrocesos en la protección de los derechos políticos. Representantes de estos grupos parlamentarios argumentaron que restringir el ejercicio del cargo a ciudadanos con doble nacionalidad contraviene principios internacionales de no discriminación y limita las opciones de participación para la comunidad mexicana residente en el exterior.
Tras la aprobación en lo general, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio paso a la recepción de reservas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, con el fin de desahogar la discusión en lo particular antes de turnar el proyecto al Senado de la República para su revisión legislativa.



