
Chihuahua.- Cerca de 88 familias en el municipio de Aquiles Serdán enfrentan una inminente amenaza de desalojo y remate de sus viviendas debido a pagos no reconocidos por la constructora Metro Financiera. Los afectados denuncian que, a pesar de contar con comprobantes y haber firmado convenios con la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) entre 2017 y 2018, los acuerdos fueron ignorados, permitiendo que sus hogares pasen a procesos de subasta y adjudicación a terceros.
La problemática radica en la falta de actualización de los estados de cuenta y el incumplimiento de acuerdos institucionales previos:
Pagos invisibles: Residentes como Arturo Sifuentes denuncian que las mensualidades pagadas regularmente no se reflejan en los registros de Metro Financiera, generando supuestos adeudos que derivaron en litigios.
Convenios rotos: Coesvi gestionó acuerdos de pago hace más de seis años, pero estos dejaron de respetarse sin explicación oficial, dejando a unas 40 personas en riesgo inmediato de perder su propiedad.
Adjudicaciones y subastas: Documentos consultados por los vecinos señalan que empresas como Inbex ya aparecen como adjudicatarias de manzanas completas, mientras que otros hogares ya han sido notificados de desalojos o remates judiciales.
La antigüedad de los residentes y la magnitud del conflicto sugieren una problemática de gran calado en la región:
Arraigo familiar: Los afectados habitan estas viviendas desde hace 11 a 15 años, tiempo durante el cual han invertido en el mantenimiento y consolidación de su patrimonio.
Cifras del conflicto: Aunque 88 familias encabezan la gestión legal, los vecinos calculan que el problema afecta potencialmente a 400 casas y cerca de 800 familias.
Resistencia civil: Los residentes advirtieron que no permitirán más desalojos y exigen entablar un diálogo directo con los encargados de las instancias involucradas para lograr un nuevo convenio que les permita seguir pagando de manera justa.
Hasta el momento, los vecinos sostienen que la Coesvi no ha ofrecido soluciones concretas ni ha explicado por qué se abandonaron los convenios anteriores. La demanda es clara: que se respeten los acuerdos históricos, se reconozcan los tickets de pago existentes y se detengan los procedimientos de remate hasta que se aclare el paradero de los recursos invertidos por los trabajadores durante la última década.



