
México.- Luisa María Alcalde Luján oficializó su salida de la dirigencia nacional de Morena tras aceptar la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para integrarse a su equipo de trabajo. A partir de este miércoles, Alcalde asumirá la titularidad de la Consejería Jurídica de la Presidencia, cargo que quedó vacante tras la salida de Esthela Damián, cerrando así un ciclo de casi dos años al frente del partido guinda.
A través de sus canales oficiales, la ahora funcionaria federal compartió su postura respecto al nuevo encargo en la administración pública:
Aceptación del cargo: "Con profundo orgullo y agradecimiento, acepto la honrosa encomienda de la presidenta Claudia Sheinbaum", expresó Alcalde, subrayando su compromiso con el proyecto de nación.
Balance en Morena: La exsecretaria de Gobernación se dijo satisfecha por lo logrado durante su gestión partidista, agradeciendo a la militancia por el apoyo brindado desde que asumió el cargo en 2024.
Lealtad Institucional: Reafirmó su intención de "seguir luchando del lado del pueblo" ahora desde una trinchera técnica y jurídica fundamental para la operatividad del Gobierno de México.
La salida de Alcalde obliga al partido a un proceso de renovación interna en un momento clave:
Sucesión en puerta: El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena deberá convocar en breve a una sesión para definir quién ocupará la presidencia del partido de manera interina o definitiva para completar el periodo.
Continuidad operativa: Alcalde destacó que deja un movimiento sólido y unido, tras haber enfrentado retos electorales y de organización interna durante el último año y medio.
Perfil Técnico: Su llegada a la Consejería Jurídica se interpreta como un refuerzo en la estrategia legal de la presidencia, especialmente ante los retos que representan las impugnaciones a reformas constitucionales en el Poder Judicial.
Como Consejera Jurídica, Luisa María Alcalde será la encargada de revisar todos los proyectos de decretos, reglamentos y acuerdos que firme la presidenta. Su labor será técnica pero con un alto peso político, ya que fungirá como el principal filtro para asegurar que cada acto de gobierno esté apegado a la legalidad y soporte los embates jurídicos de la oposición.



