
México.- En una sesión marcada por la confrontación ideológica, las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobaron este martes el dictamen de la reforma electoral, conocida como el "Plan B". El avance de la iniciativa ha desatado duras críticas por parte del bloque opositor, destacando los señalamientos del panista Ricardo Anaya, quien describió el proyecto como una propuesta "precaria" que pone en riesgo la estabilidad de los procesos democráticos en México.
La aprobación del dictamen representa un paso decisivo para la implementación de cambios estructurales en el Instituto Nacional Electoral (INE), a pesar del rechazo unánime de las bancadas de oposición.
Argumentos de la mayoría: Los legisladores de Morena y sus aliados defendieron la reforma argumentando la necesidad de reducir los costos operativos del sistema electoral y eliminar lo que consideran privilegios excesivos de la burocracia del INE.
Críticas de Ricardo Anaya: El excandidato presidencial calificó la iniciativa como "la más pobre, chafa y malhecha" que se ha enviado al legislativo, señalando que las deficiencias técnicas del documento podrían generar caos en las próximas elecciones de este 2026.
Señalamientos de inconstitucionalidad: Senadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano advirtieron que el Plan B contiene múltiples violaciones a la Carta Magna, por lo que adelantaron que la batalla legal se trasladará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El dictamen aprobado contempla modificaciones que alterarían sustancialmente la operación de los órganos electorales locales y federales.
Reducción de personal: La iniciativa propone la eliminación de diversas juntas distritales, lo que implicaría el recorte de plazas de carrera profesional electoral.
Ajustes presupuestales: Se establecen topes máximos de salarios y gastos operativos, bajo la bandera de la austeridad republicana.
Cambios en el calendario electoral: Se proponen ajustes en los tiempos de las precampañas y la fiscalización de los recursos de los partidos políticos.
Tras su aprobación en comisiones, se espera que el dictamen sea turnado al pleno para su discusión y votación final este 24 de marzo. La oposición ha anunciado que presentará diversas reservas para intentar frenar los artículos que consideran más dañinos para la autonomía del árbitro electoral.
Analistas políticos señalan que, independientemente del resultado en la Cámara Alta, la reforma enfrentará una serie de impugnaciones mediante acciones de inconstitucionalidad, lo que mantendrá el tema en el centro de la agenda pública durante los próximos meses.



