
Por Alessia Guerra
En política, la familia es un concepto muy amplio. Sirve para abrazarse en campaña, compartir fotografías, repartirse afectos y, en ocasiones, ocupar puestos públicos.
El problema aparece cuando la Auditoría Superior de la Federación encuentra más de 45 millones de pesos en irregularidades en Liconsa y, entre los nombres que vuelven a poner el asunto bajo los reflectores, aparece el de Gregorio Chávez Treviño, hermano de la senadora Andrea Chávez.
Porque una cosa es tener familia y otra muy distinta es que la familia aparezca en los organigramas.
La ASF hizo observaciones sobre recursos de Liconsa y encontró, entre otros asuntos, pagos que involucran a proveedores que ya habían fallecido. Un detalle menor, si uno cree que el dinero público también tiene la capacidad sobrenatural de visitar el más allá.
Pero el asunto adquiere una dimensión mucho más política por una razón que en Chihuahua todos conocen: Morena está a punto de definir a su coordinador o coordinadora de la Defensa de la Transformación, ese largo nombre con el que los partidos suelen bautizar a quien, si las circunstancias se acomodan, terminará apareciendo en la boleta de 2027.
Y justo ahora, cuando las encuestas empiezan a calentarse, el expediente vuelve a caminar.
Qué oportuno.
En política las casualidades existen, por supuesto. Sobre todo cuando ocurren exactamente antes de una definición electoral.
Durante meses, los expedientes administrativos pueden permanecer tranquilamente archivados, acumulando polvo y esperando su momento de gloria. Pero llega una contienda interna y, de pronto, alguien encuentra la carpeta, la sacude y descubre que todavía sirve como arma política.
La oposición ya hizo lo suyo. Eso no sorprende a nadie. Lo verdaderamente interesante es el fuego amigo, porque cuando los adversarios atacan uno puede defenderse. Cuando los propios comienzan a preguntar, la cosa cambia.
Andrea Chávez ha rechazado que exista nepotismo y ha sostenido que el parentesco con Gregorio Chávez no significa que ella haya intervenido en su contratación.
Y ahí está precisamente el punto.
Nadie sostiene que tener un hermano trabajando en una institución pública sea delito. Tampoco que un parentesco sea, por sí mismo, prueba de corrupción. Si el nombramiento fue legal, transparente y sustentado en capacidades profesionales, los documentos deberían hablar por sí solos.
Pero la política no funciona únicamente con expedientes.
Funciona también con percepciones.
Y resulta políticamente incómodo explicar por qué, entre tantos profesionales disponibles, el puesto terminó ocupado por el hermano de una de las figuras que hoy aparece entre las protagonistas de la sucesión morenista.
Puede ser coincidencia.
Puede ser mérito.
Puede ser una decisión administrativa perfectamente explicable..
Pero en política, como en las carnitas, hasta la grasa termina salpicando.
Y ahora aparece el ingrediente electoral.
Porque si el expediente de Liconsa hubiera permanecido dormido un año más, quizá nadie estaría hablando de él con tanta intensidad. Pero no: despierta precisamente cuando Morena está a punto de ponerle nombre y apellido a la contienda por Chihuahua.
Eso es lo que convierte el asunto en algo más que una auditoría.
Lo transforma en narrativa.
Y las narrativas, cuando hay elecciones cerca, pueden valer más que un expediente.
También conviene poner las cosas en su lugar: una observación de la ASF no significa automáticamente que exista un delito ni que una persona señalada sea responsable de las irregularidades. Las observaciones deben aclararse, solventarse y, en su caso, determinar responsabilidades conforme corresponda.
Pero tampoco puede pretenderse que 45 millones de pesos desaparezcan del debate público simplemente porque el calendario electoral resulte incómodo.
Si no hay nada que esconder, que hablen los documentos.
Si la contratación fue transparente, que se exhiban las razones.
Si las cuentas están claras, que la auditoría las deje claras.
Y si alguien tuvo responsabilidad, que responda quien corresponda.
Así de sencillo.
Lo complicado es el timing.
Porque en Chihuahua ya comenzó la temporada de las encuestas y, con ella, la vieja tradición de sacar del clóset los expedientes que nadie recordaba.
Aquí no hay vacas sagradas, dicen.
Aunque algunas tengan apellido conocido.
Y mientras los productores lecheros preguntan por los pagos y la operación de Liconsa, en Morena seguramente alguien ya pregunta otra cosa:
¿A quién beneficia que este expediente vuelva a ordeñarse justamente ahora?
Porque en política las vacas también tienen memoria.
Y algunas producen leche.
Otras producen escándalos.
Pero cuando se acercan las elecciones, las dos cosas se ordeñan hasta la última gota.
Los 45 millones, mientras tanto, siguen volando.
Y en la política chihuahuense ya se sabe: el problema no es tener un hermano en la nómina; el verdadero problema es tenerlo cuando empieza la campaña.



