
CHIHUAHUA, CHIH. — Defraudados por la empresa Aras Business Group acudieron a la Fiscalía Anticorrupción del Estado para interponer una denuncia formal en contra del juez de ejecución de penas, Juan Carlos Erives Fuentes, a quien señalan de presuntamente retrasar la venta de propiedades embargadas. Asimismo, fijaron como fecha límite el próximo lunes 30 de noviembre para que se concrete el pago de reparación del daño a por lo menos una de las víctimas, advirtiendo que de lo contrario reanudarán las movilizaciones de protesta.
El representante legal de un sector de las víctimas, Felipe Acosta, dio a conocer que desde el pasado mes de abril se había establecido un acuerdo con las autoridades judiciales para avanzar en la ejecución del fallo y rematar 79 bienes inmuebles asegurados a nombre de la financiera. Sin embargo, acusaron que el juzgador ha frenado el proceso necesario para liberar y subastar dichas propiedades, impidiendo que los recursos liquidados sean destinados a resarcir las pérdidas de las familias afectadas.
Además del presunto estancamiento en la liquidación de activos, los manifestantes señalaron irregularidades dentro del manejo del expediente judicial, destacando que el juez de ejecución de penas acumula reclamos administrativos por señalamientos vinculados a otros procesos legales dentro del Poder Judicial del Estado.
Ante la falta de avance en la restitución de su capital, la representación legal de los defraudados advirtió que las acciones de resistencia civil pacífica comenzarán de manera inmediata si expira el plazo acordado sin obtener respuesta favorable. Entre las medidas contempladas se incluyen bloqueos de vialidades principales y la toma de instalaciones de edificios gubernamentales en la capital.









































































