
Por Alessia Guerra
Dicen los clásicos de la política que los yerros institucionales rara vez se perdonan, pero lo que resulta imperdonable en los pasillos del poder es la impericia que termina por exponer las grietas del propio palacio.
La gobernadora María Eugenia Campos Galván ha dejado caer la guadaña pública sobre quien, hasta hace muy poco, ostentaba las riendas de la procuración de justicia en la entidad: César Jáuregui Moreno. Con un tono que oscila entre la indignación republicana y el deslinde estratégicamente calculado, la mandataria sentenció que las omisiones cometidas en el seno de la Fiscalía General del Estado sencillamente “no se pueden perdonar”. La narrativa trazada es sutil pero contundente: un grupo de funcionarios operando “por la libre”, al margen del mandato superior, hasta que la inercia tropezó con una arista de calibración internacional donde se vieron involucrados agentes estadounidenses.
Fue precisamente ese chispazo fuera de las fronteras locales el que terminó por destapar una auténtica "caja de Pandora". En la praxis del ejercicio gubernamental, omitir la comunicación con la titular del Ejecutivo no pasa por un mero descuido administrativo o un exceso de autonomía; sugiere, más bien, una opacidad sistemática que invita a preguntarse cuántas otras maniobras permanecieron ocultas en la penumbra. Hoy, esa interrogante coloca a la cúpula saliente de la Fiscalía bajo el escrutinio directo de las autoridades, con investigaciones que se perfilan a su desenlace tanto en el ámbito estatal como en la Fiscalía General de la República.
Para contener el colapso de confianza y reordenar la casa, la jugada fue inmediata: promover a Gilberto Loya —titular de la Secretaría de Seguridad Pública— para asumir el despacho de la Fiscalía. La maniobra no es menor. Implica inyectar disciplina, control riguroso y una urgente reestructuración en la Agencia Estatal de Investigación, al tiempo que se aprieta la tuerca de la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Federación.
La cuestión de fondo, sin embargo, sigue gravitando en la atmósfera política del estado: ¿funcionaba la Fiscalía como una ínsula de impunidad a espaldas del Ejecutivo, o la "caja de Pandora" solo comenzó a resultar incómoda cuando sus ecos cruzaron el Río Bravo? Pronto se conocerán los veredictos oficiales. Por lo pronto, la lección que deja el episodio es clara y atemporal: cuando el tablero político se sobrecalienta, ningún alfil resulta indispensable.



