
Chihuahua.- Durante la continuación de la audiencia de vinculación a proceso (causa penal 3055/2026), el exfiscal general del estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, hizo uso de la voz por vía remota desde el penal de máxima seguridad de El Altiplano para rechazar categóricamente las acusaciones formuladas en su contra por el Ministerio Público ante el juez de control Luis Alberto Simental Ortega.
Inexistencia de pruebas directas:
Jáuregui Moreno sostuvo que no existen órdenes, documentos ni pruebas directas que demuestren que haya solicitado o autorizado la intervención clandestina de agentes extranjeros en operativos.
"No hay datos sobre un comportamiento ilícito de mi parte", enfatizó, argumentando que las reuniones y la recepción de informes con mandos formaban parte del ejercicio ordinario y legal de sus funciones al frente de la FGE.
Incompetencia institucional:
Argumentaron que la Unidad Especializada creada por el Estado carecía de facultades para investigar el caso, señalando que la atribución correspondía legalmente a la Fiscalía Anticorrupción, lo que invalidaría las actuaciones ministeriales.
Contradicciones en el IPH y salto lógico de la FGE:
La defensa denunció que el Ministerio Público incurrió en un salto lógico al pretender vincular tres premisas sin sustento: reuniones de trabajo, conocimiento de un operativo y supuesta autorización de agentes extranjeros.
Señalaron que el Informe Policial Homologado (IPH) de la AEI del 20 de abril de 2026 detalla que los dos estadounidenses fallecidos operaban drones, situación que le fue informada formalmente al fiscal de manera institucional y no clandestina.
Descarte de narcolaboratorios y postura presidencial:
Precisaron que el supuesto combate o desarticulación de un narcolaboratorio ni siquiera formaba parte de la formulación de imputación original, respaldándose en las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien este jueves aclaró que el proceso se centra exclusivamente en la presencia de extranjeros.
Exigencia de no vinculación:
Los abogados cerraron su exposición exigiendo un auto de no vinculación a proceso, al recalcar que la ley exige datos de prueba fiables y que la acusación se sostiene únicamente en conjeturas subjetivas derivadas del cargo que ocupaba.



