México prohíbe el contenido violento para los niños en las redes sociales

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto presidencial que prohíbe de manera estricta que menores de 18 años estén expuestos o reciban recomendaciones de contenidos digitales violentos, explícitos o que promuevan conductas de riesgo en plataformas de redes sociales. La medida posiciona a México en la tendencia global de regulación tecnológica a favor de las infancias, pero ha suscitado un debate profundo sobre su legalidad, el alcance del Ejecutivo y la libertad de expresión.

1. Alcance y Obligaciones del Decreto Presidencial

El instrumento normativo exige a las empresas tecnológicas implementar cambios operativos profundos dentro del plazo de un mes:

Contenidos prohibidos: Discurso de odio, violencia extrema, abusos, violencia sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimentarios, ciberacoso, violencia escolar y material sexualmente explícito.

Medidas obligatorias para plataformas:

Eliminación inmediata de publicaciones o cuentas que promuevan la violencia.

Verificación obligatoria de edad para los usuarios.

Herramientas de supervisión parental integradas.

Canal de denuncia de contenidos y un punto de contacto 24/7 accesible para las autoridades mexicanas.

Alerta inmediata: Notificación directa e instantánea a las autoridades cuando se identifique contenido que ponga en peligro la vida humana.

Advertencia de Ley y Sanciones: Sheinbaum advirtió que "vamos a estar vigilando". Si las empresas incumplen tras el mes de gracia, el Gobierno enviará una iniciativa de ley al Congreso (donde el oficialismo ostenta la mayoría) para instaurar un régimen sancionatorio y multas severas.

2. Contexto y Detonantes de la Medida

De acuerdo con la mandataria, el decreto responde a recientes episodios de violencia escolar en el país, como el ataque armado en una secundaria del norte de México donde dos exalumnos asesinaron a un subdirector e hirieron a más personas, así como otros casos donde se detectó el decomiso de armas a estudiantes que coordinaban acciones a través de grupos en plataformas digitales.

Esta medida complementa la política aplicada el mes pasado por el Gobierno federal, la cual restringió el uso de teléfonos celulares y pantallas dentro de todo el sistema educativo nacional.

3. Posicionamiento de las Empresas Tecnológicas

Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp): Expresó mediante comunicado que comparte el objetivo de construir un entorno digital seguro, destacando que llevan años desarrollando cuentas para adolescentes con restricciones automáticas y herramientas de supervisión para padres, por lo que mantendrán la colaboración con el Gobierno de México.

Google, TikTok, X, Apple y Microsoft: No emitieron comentarios inmediatos o se declinaron a opinar de forma oficial sobre los requerimientos técnicos fijados para el plazo de 30 días.

4. Cuestionamientos de Expertos y Organizaciones de Derechos Digitales

Diversos analistas e investigadoras en derechos digitales —como Vladimir Chorny, de la organización R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales)— advirtieron sobre los riesgos del procedimiento utilizado:

Reserva de Ley y Constitución: Señalan que la ley invocada por el Gobierno (titularidad de la consejera jurídica Luisa María Alcalde y José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital) sanciona infracciones, pero la Constitución mexicana prohíbe la censura previa y exige órdenes judiciales de por medio para ordenar el retiro de contenidos en internet.

Falta de debate público: Argumentan que una regulación de este alcance no debe imponerse vía decreto o "en la mesa chica", sino mediante un debate parlamentario abierto sobre algoritmos, transparencia y responsabilidad de las Big Tech.

Enfoque en modelos adictivos: Sostienen que la vía efectiva es combatir los diseños adictivos del modelo de negocio de las plataformas y educar en la autonomía digital de los menores, en lugar de generar un marco de remoción exprés que pueda vulnerar la libertad de expresión.