
En los círculos políticos de Chihuahua, la situación interna de Morena atraviesa un momento de evidente tensión en torno al futuro de su dirigencia estatal, encabezada por Brighite Granados. Según diversas versiones y señalamientos públicos de figuras del propio movimiento —entre ellos el senador Juan Carlos Loera de la Rosa—, existe una marcada inconformidad por las formas en que se están operando las reuniones de cúpula, donde las decisiones parecen tomarse bajo una lógica de exclusión que contrasta con el discurso oficial de unidad.
El caso de Brighite Granados ilustra con claridad el reacomodo de fuerzas al interior del partido guinda. Mientras distintos sectores internos cuestionan su presencia y aseguran que el trabajo político y territorial recae en otros operadores, ha trascendido que la propia dirigente estatal habría sido relegada de la organización e incluso desinformada sobre los encuentros recientes de la dirigencia nacional en la entidad. En el ajedrez político local, cuando a una dirigente en funciones se le deja fuera de la convocatoria principal, los observadores suelen interpretarlo como un mensaje de desgaste institucional y un aviso de relevo, aunque ninguna voz oficial haya formalizado su salida.
Este escenario se suma a las críticas sobre el rumbo estratégico del partido en el estado. Por un lado, sectores vinculados a la dirigencia nacional defienden una política de apertura amplia para integrar perfiles provenientes del PAN y del PRI bajo el argumento de fortalecer la competitividad electoral; por el otro, militantes fundadores y grupos locales señalan una contradicción de fondo, advirtiendo que mientras se reciben con entusiasmo a cuadros de oposición, se margina a los liderazgos históricos y se reproducen prácticas de verticalidad que antes eran motivo de crítica hacia los partidos tradicionales.









































































