
Monterrey, NL.- La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASE) detectó nuevas presuntas triangulaciones de recursos públicos por mil 793.9 millones de pesos durante la administración del gobernador Samuel García, cuyo destino habría sido, en su mayoría, un despacho jurídico y fiscal vinculado al mandatario y a su padre.
Los nuevos hallazgos apuntan a operaciones financieras que involucran a proveedores y contratistas del Gobierno estatal, quienes habrían transferido recursos a la firma Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJyFA), relacionada con Samuel García y su padre, Samuel Orlando García.
Durante la presentación del informe de revisión de las cuentas públicas de 2025 ante la Comisión de Vigilancia del Congreso local, el auditor Alejandro Reynoso detalló que se identificaron 786 depósitos de proveedores gubernamentales que representaron mil 696.6 millones de pesos destinados a un despacho jurídico relacionado con un funcionario público de primer nivel.
De acuerdo con la revisión, estas operaciones habrían generado rendimientos por aproximadamente 418.8 millones de pesos para la firma beneficiada.
Otro de los casos detectados involucra al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León (DIF), donde recursos entregados al proveedor Don Cacahuato presuntamente circularon a través de cinco empresas identificadas como filiales.
Según el reporte, en un periodo de apenas ocho días, 23.2 millones de pesos terminaron en el despacho jurídico relacionado con el gobernador.
Las nuevas observaciones se suman a las documentadas previamente por la Auditoría Superior de la Federación, que identificó al menos 728.13 millones de pesos en operaciones con un esquema similar de transferencias desde proveedores del Gobierno estatal hacia el despacho familiar.
Los señalamientos forman parte de las revisiones a las cuentas públicas y deberán ser aclarados por las instancias correspondientes para determinar posibles responsabilidades administrativas o legales.



