Dan cargo en Morena a jueza recién electa

HERMOSILLO, Son.– La designación de la jueza penal de Circuito, Blanca Diva Ponce Caro, como Secretaria Ejecutiva de un Comité Seccional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el municipio de Cajeme, abrió un debate técnico-jurídico ante los ordenamientos de la Constitución Política del Estado de Sonora. Durante las asambleas organizativas celebradas este fin de semana (23 y 24 de mayo de 2026), la dirigencia estatal del partido formalizó la toma de protesta de 246 liderazgos de base, un acto que colisiona con el marco constitucional local que restringe a los juzgadores en funciones el ejercicio de comisiones externas o filiaciones operativas de carácter particular y político.

El liderazgo local del partido, encabezado por David Mendoza, validó la instalación del Consejo Municipal con el fin de robustecer el despliegue territorial, mientras especialistas en derecho constitucional evalúan los alcances de la incompatibilidad de funciones bajo el marco de la reforma judicial vigente.

Contraste normativo entre los estatutos partidistas y la restricción judicial

El desglose operativo de las asignaciones de base y los ordenamientos vigentes de la carta magna exponen una asimetría regulatoria:

Directrices operativas del portafolio partidista: Conforme a los lineamientos aprobados por el Consejo Nacional de Morena —presidido por el gobernador Alfonso Durazo—, las secretarías ejecutivas tienen la atribución técnica de promover plataformas electorales, coordinar asambleas de afiliación comunitaria y distribuir el órgano oficial de difusión. Estas tareas de activismo territorial contravienen la naturaleza de neutralidad de la judicatura.

Garantías de independencia del servicio judicial: El artículo 116 de la Constitución Federal mandata que las entidades federativas deben blindar la independencia de jueces y magistrados mediante sus leyes orgánicas. En concordancia, la Constitución del Estado de Sonora prohíbe taxativamente a los juzgadores en activo desempeñar "ningún empleo, cargo o comisión de la Federación, del Gobierno del Estado, de los municipios o de particulares", con el propósito de evitar conflictos de interés en la impartición de justicia.

Antecedentes del perfil y estatus de fiscalización del INE

Blanca Diva Ponce Caro obtuvo la constancia que la acredita como jueza penal del Circuito 2 en junio de 2025, tras desahogar un periodo de campaña donde fundamentó su propuesta en la reestructuración del Poder Judicial y el endurecimiento de las penas procesales. No obstante, en este mes de mayo de 2026, el Instituto Nacional Electoral (INE) formalizó una sanción de carácter económico en su contra, derivada de la entrega extemporánea y con inconsistencias técnicas de los informes obligatorios de fiscalización de recursos de campaña, sumando un precedente de observación administrativa a su expediente.