Apoyará Chihuahua a 450 familias de personas desaparecidas

CHIHUAHUA, Chih. — La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, anunció la puesta en marcha del Programa Estatal para la Atención a Víctimas de Desaparición, el cual otorgará apoyo económico directos y un esquema de acompañamiento integral a 450 familias en su etapa inicial. La iniciativa busca brindar asistencia en traslados, gestiones operativas e indemnizaciones administrativas para aliviar las cargas financieras que enfrentan los núcleos familiares en sus labores de búsqueda.

Durante la presentación de la estrategia, la mandataria estatal enfatizó que los recursos financieros no constituyen una reparación del daño ni pretenden sustituir a los seres queridos ausentes, sino respaldar la subsistencia y los gastos diarios de quienes continúan los procesos de localización. La medida se suma a los servicios preventivos, asistenciales y de salud que mantiene vigentes la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAVE).

Para garantizar un seguimiento transparente e institucional a los compromisos asumidos, el Ejecutivo estatal formalizó la apertura de mesas regionales de diálogo permanente con colectivos de búsqueda y familiares de las víctimas. A través de estos encuentros periódicos, las autoridades buscan coordinar las acciones de campo, evaluar los avances en los expedientes ministeriales y atender de manera directa las solicitudes inmediatas de cada región.

Asimismo, las autoridades del estado remarcaron la urgencia de fortalecer los esquemas de investigación forense, búsqueda en campo y atención especializada mediante la colaboración constante con el Poder Legislativo y las fiscalías locales. La meta planteada abarca tanto el refuerzo de la infraestructura operativa como el incremento gradual de la cobertura del programa social hacia un mayor número de beneficiarios en la entidad.

Finalmente, el Gobierno del Estado de Chihuahua hizo un llamado al trabajo articulado entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad civil para consolidar entornos de protección efectiva a los derechos humanos. Con este plan integral se pretende consolidar un modelo institucional de atención sensible que brinde certidumbre jurídica, asistencial y económica a las familias afectadas en la región.