
Baja California.- Durante la inauguración de oficinas del Partido del Trabajo (PT), Jaime Bonilla Valdez señaló que las acusaciones de presunto tráfico de drogas, armas y alianzas con el Cártel de Sinaloa que pesan sobre Rubén Rocha Moya podrían repetirse en Baja California. El exmandatario reiteró sus señalamientos previos respecto a que la actual administración estatal presuntamente entregó la entidad al crimen organizado.
El pronunciamiento de Bonilla se da en un contexto de confrontación directa con la actual gobernadora:
Enfrentamiento judicial: Jaime Bonilla se encuentra actualmente imputado por tres delitos en relación al caso Next Energy, un proceso iniciado por la administración de Ávila Olmeda.
Crítica política: Bonilla afirmó que sus señalamientos sobre la situación en el estado no eran infundados y que la gobernadora cuenta con múltiples señalamientos que deben corregirse.
Tras los señalamientos de las autoridades estadounidenses contra Rocha Moya, otros gobernadores fijaron su postura:
Víctor Manuel Castro Cosío (Baja California Sur): Expresó su solidaridad absoluta con Rocha Moya, calificando las acusaciones como una "intriga" que "envenena el ambiente" y reiterando su apoyo "en las buenas y en las malas".
Marina del Pilar Ávila Olmeda (Baja California): Subrayó la importancia de evitar "juicios anticipados" y pidió que cualquier revisión se realice conforme a derecho y pruebas. Aseguró que su gobierno mantiene una relación de coordinación y respeto con las autoridades de Estados Unidos.
La controversia nacional se desató luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalara a Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos”. Esta situación ha polarizado las opiniones entre los gobernadores emanados de Morena y sus aliados en el noroeste del país.



