
CIUDAD DE MÉXICO.– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) formalizaron un convenio de colaboración para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos del Pueblo de México, orientado a fortalecer la cultura jurídica y la formación técnica en la materia. Durante el acto protocolario, la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, ofreció sumar las capacidades institucionales a la salvaguarda de la soberanía nacional y la autodeterminación, al tiempo que planteó la necesidad de transitar hacia un modelo que dote de carácter vinculante a las resoluciones del organismo no jurisdiccional.
Las etapas de instrumentación de las mesas de discusión académica, la evaluación de los mecanismos de cumplimiento de las recomendaciones y la definición de las políticas de protección colectiva e individual.
El desglose de los posicionamientos emitidos por los representantes de los organismos del Estado y las variables críticas sobre la estructura histórica de la defensoría detalla las siguientes incidencias informativas:
Eje de autodeterminación: La presidenta de la CNDH sostuvo que la vinculación institucional robustecerá el respeto al Estado de Derecho y el derecho a la soberanía de los pueblos. Afirmó que la institución se integra a dicha defensa sin escatimar esfuerzos, pronunciamiento que se suscita de forma posterior al llamado de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para salvaguardar la soberanía ante presiones externas en materia de combate al narcotráfico.
Diagnóstico del entorno nacional: Piedra Ibarra aseveró que el Gobierno federal ha dejado de ser el principal violentador de los derechos humanos en el país a diferencia de periodos previos. Apuntó que bajo la actual gestión de transformación se busca erradicar la simulación institucional, superando el esquema de quejas sobre hechos consumados y recomendaciones de cumplimiento optativo o meramente testimoniales, de conformidad con los principios de la reforma constitucional de 2011.
Durante su intervención, la ombudsperson reiteró su intención de impulsar reformas legales para otorgar obligatoriedad jurídica a las resoluciones de la comisión, una propuesta que, señaló, enfrenta el reto de no haber sido concretada formalmente en el marco legislativo. Acusó de manera directa que las bases originarias del organismo fueron diseñadas bajo un esquema de opacidad y burocracia por figuras como Jorge Carpizo, Carlos Salinas de Gortari y Fernando Gutiérrez Barrios, argumentando que el concepto histórico de limitar el alcance de las recomendaciones a una "conciencia moral" funcionó como un lastre de complicidad ante abusos estatales del pasado.
Por su parte, el ministro Hugo Aguilar manifestó el compromiso de los integrantes del Máximo Tribunal con la ampliación y salvaguarda de los derechos fundamentales, enfatizando una visión que incorpore de manera integral los derechos colectivos de las poblaciones.



