
CHIHUAHUA, Chih.– El senador Javier Corral Jurado formalizó este martes su desistimiento de la impugnación interpuesta contra la resolución de no ejercicio de la acción penal que había dictaminado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). El recurso legal, promovido originalmente por el legislador federal, guardaba relación con el intento de detención ejecutado en su contra el 14 de agosto de 2024 en la capital del país por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, y cuya secuela procesal había derivado en una reciente citación judicial dirigida a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván.
A través de un comunicado conjunto firmado por el propio senador y el despacho Schütte & Delsol Abogados, su asesoría jurídica, se argumentó que la determinación de retirar el recurso busca frenar la instrumentalización del expediente penal con fines de índole político-mediática.
El desglose cronológico de las carpetas de investigación y las variables de control jurisdiccional validadas por los antecedentes del caso detalla las siguientes incidencias institucionales:
Antecedente de agosto de 2024: Los hechos se remontan a la noche del 14 de agosto de 2024, cuando elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua ubicaron a Corral Jurado en el bar Gin Gin de la Ciudad de México con la intención de cumplimentar una orden de aprehensión. La intervención operativa de los mandos ministeriales de la CDMX frustró el arresto bajo el argumento de deficiencias en los convenios de colaboración reglamentarios. Posteriormente, la FGJCDMX dictaminó que no existía conducta delictiva qué perseguir en contra de los agentes chihuahuenses actuantes.
Retiro de acusaciones por privación ilegal: Disconforme con dicho fallo, el hoy senador impugnó la resolución ministerial al considerar que la administración estatal de Chihuahua había incurrido en presunta privación ilegal de la libertad y otros excesos de autoridad. Fue este juicio de garantías el que llevó a una jueza penal de la Ciudad de México a girar una orden de comparecencia a la titular del Poder Ejecutivo de Chihuahua, reactivando el debate jurídico debido a la inmunidad procesal o fuero constitucional que ostenta la Mandataria.
En el documento emitido la defensa técnica del legislador señaló la existencia de un presunto "doble rasero" por parte de la gobernadora Campos Galván, afirmando que el trámite procesal era catalogado en la Ciudad de México como un acto de persecución institucional en su contra, mientras que en Chihuahua se presentaba como un veredicto de exoneración. El equipo legal puntualizó que el retiro de la impugnación obedece a la decisión de no coadyuvar en estrategias de victimización ante los medios de comunicación masiva.
No obstante, el bufete jurídico Schütte & Delsol Abogados advirtió que el desistimiento formalizado en los tribunales capitalinos no representa la clausura definitiva de los señalamientos en los expedientes de control. Según precisaron, subsisten de forma paralela diversas denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto actuar coordinado de entes ministeriales, de fiscalización superior y judiciales de Chihuahua en contra del exmandatario, carpetas promovidas tanto de manera particular como por conducto de la propia FGJCDMX.
La postura legal concluyó con un exhorto a los órganos jurisdiccionales federales para investigar con rigurosidad técnica todas las vertientes del caso —tanto las auditorías dirigidas a la gestión anterior como el presunto uso selectivo de los aparatos de justicia locales— salvaguardando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia.



