
HERMOSILLO, Son.– La jueza de control en materia penal del Poder Judicial del Estado de Sonora, Blanca Diva Ponce Caro, presentó su renuncia irrevocable al cargo tras ser exhibida públicamente desempeñando funciones jurisdiccionales al mismo tiempo que asumía la protesta formal como dirigente de un comité seccional del partido Morena en Ciudad Obregón. El hecho, que derivó en una sanción administrativa correlativa, generó un pronunciamiento de las autoridades partidistas este lunes 25 de mayo de 2026, confirmándose que el Comité Ejecutivo Estatal procedió también a la cancelación inmediata de su militancia bajo el argumento de que se desconocía su estatus activo dentro de la judicatura local.
El deslinde institucional de ambas esferas operativas se concretó tras acreditarse la violación directa a los principios constitucionales de imparcialidad e independencia que rigen la carrera judicial, abriendo un debate técnico sobre los mecanismos de fiscalización de perfiles en el actual año 2026.
El desglose temático de las precisiones operativas vertidas por las dirigencias partidistas y el Supremo Tribunal detalla las siguientes variables técnicas de control:
Imposibilidad de fiscalización personalizada: La presidenta estatal de Morena, Judith Armenta, argumentó que el partido actuó bajo el principio de buena fe procedimental durante los procesos de elección interna, señalando que la magnitud del padrón de afiliados impide auditar los antecedentes laborales individuales. "Es imposible, yo de antemano me declaro incompetente para eso porque nosotros tenemos ahorita 243 mil personas afiliadas en Morena y nosotros no podemos pasar un brasero personalizado de cada persona (...) cualquier partido lo hace y es normal que así suceda”, puntualizó.
Antecedentes en la carrera de justicia: Ponce Caro contaba con una trayectoria previa que incluía el desempeño de funciones en diversas agencias del Ministerio Público y en despachos privados de litigación. Asimismo, la exfuncionaria había contendido formalmente el año pasado en el proceso de elección de jueces y magistrados, lo que intensificó el escrutinio sobre sus actividades político-electorales concurrentes.
Por su parte, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael Acuña Griego, recordó de forma taxativa que el ordenamiento normativo prohíbe de manera estricta a todos los integrantes de la judicatura realizar proselitismo, ostentar cargos de dirección o participar en actividades de carácter partidista durante el ejercicio de su encargo.



