
CIUDAD DE MÉXICO.– Datos estadísticos oficiales del Sistema de Información Legislativa (SIL) revelaron que los senadores de la república Javier Corral Jurado y Enrique Inzunza Cázarez acumulan de forma conjunta un total de 112 ausencias en los listados de asuntos votados en el pleno de la Cámara Alta. De acuerdo con las bitácoras de control parlamentario auditadas, el legislador por Chihuahua registra 88 faltas desde su toma de protesta en agosto de 2024, mientras que el representante de Sinaloa suma 24 inasistencias en el mismo rubro de participación institucional.
La difusión de estos indicadores de desempeño gubernamental coincide con la divulgación de un encuentro público sostenido por ambos parlamentarios en la ciudad de Culiacán, donde se abordó la posible reincorporación de Inzunza Cázarez para el próximo periodo extraordinario de sesiones.
El desglose del SIL ubica al exmandatario chihuahuense con el índice de ausentismo más elevado entre los representantes de dicha entidad federativa dentro de la Cámara de Senadores:
Bloque de oposición y oficialismo: Frente a las 88 inasistencias de Corral Jurado, los registros de votación muestran que el legislador de extracción panista Mario Vázquez Robles acumula 29 ausencias, mientras que los representantes del partido oficialista, Juan Carlos Loera de la Rosa y Andrea Chávez Treviño, registran 16 y 14 faltas institucionales, respectivamente.
Justificación de agenda: Corral Jurado argumentó a través de sus canales digitales oficiales que el encuentro en Sinaloa formó parte de un diálogo parlamentario ordinario, desestimando los cuestionamientos al señalar que la reunión se efectuó en un establecimiento comercial público y que su homólogo prevé activar su voto la siguiente semana.
El perfil del senador Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa, permanece sujeto a un riguroso análisis de control político internacional tras integrarse en los expedientes documentales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Según el pliego acusatorio emitido por las agencias federales estadounidenses el pasado 29 de abril, se le vincula junto al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, en presuntos esquemas de facilitación logística y protección institucional dirigidos a fracciones de la delincuencia organizada transnacional (específicamente facciones del Cártel de Sinaloa) a cambio de soportes operativos para la retención del ejercicio público.
A pesar de que el legislador de 53 años de edad notificó en este mes de mayo de 2026 su intención de incorporarse a los trabajos de la Comisión Permanente, las bitácoras del SIL confirman la continuidad de sus inasistencias en las deliberaciones presenciales.
Analistas en derecho constitucional y gasto público recordaron que conforme al Manual de Remuneraciones del Senado publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estos servidores públicos perciben una asignación líquida mensual de 132 mil 900 pesos, variable que acentúa las demandas ciudadanas y de la prensa independiente para la aplicación de descuentos proporcionales por faltas no justificadas, salvaguardando los principios de probidad y transparencia presupuestaria que mandata la ley.



