Piden audiencia de Gerardo Mérida ante corte de NY

NUEVA YORK, N. Y.– La jueza de distrito Katherine Polk Failla, titular del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó adelantar la comparecencia de las partes para la conferencia inicial en el proceso penal que se sigue en contra del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez. El ordenamiento jurisdiccional fijó la audiencia para el próximo lunes 1 de junio de 2026 al mediodía, desestimando la propuesta preliminar de la Fiscalía federal, que había sugerido un calendario alterno de fechas durante el mes de junio. 

De acuerdo con el expediente oficial del caso, el general de División en retiro enfrenta cargos criminales vinculados al narcotráfico y uso de armas en el marco de la causa penal desclasificada e identificada con el número S9 23 Cr. 180, integrada formalmente en este año 2026.

Gestión de plazos de la Ley de Juicio Rápido y asignación de la defensa

El desglose técnico de los recursos promovidos por el Ministerio Público y los defensores de oficio detalla las siguientes variables procesales:

Petición de exclusión de términos jurídicos: El fiscal de distrito, Jay Clayton, remitió una misiva a la jueza Polk Failla solicitando formalmente suspender el cómputo de los plazos previstos en la Ley de Juicio Rápido (Speedy Trial Act) a partir del 3 de junio de 2026. La medida, que contó con el visto bueno de la defensa, tiene como propósito abrir un margen de tiempo inhábil que facilite el desarrollo de diálogos y discusiones técnicas previas a la apertura del juicio oral.

Estatus del reloj procesal: Previamente, la jueza Sarah Netburn —quien condujo la audiencia de lectura de cargos el pasado 15 de mayo de 2026— había decretado el congelamiento del reloj procesal hasta el 1 de junio, fecha en la que los términos volverán a computarse formalmente si no se dicta una nueva orden en la conferencia anticipada por la corte en este viernes de 2026.

Representación legal institucional: Al optar por el esquema de defensoría asignada por el tribunal, la corte ratificó a la exfiscal adjunta federal Sarah Rebecca Krissoff como abogada líder del imputado. Krissoff, egresada de la Universidad de Columbia y especialista en crimen organizado, asumió la estrategia legal de Mérida Sánchez, quien se declaró no culpable de los cargos de conspiración para importar narcóticos, posesión y conspiración para poseer armamento, conductas que contemplan una penalidad máxima de cadena perpetua.

Antecedentes del expediente "Rocha Moya" y estatus de los coinculpados

Las agencias de inteligencia transnacional y las fiscalías homólogas en la República Mexicana actualizaron los estatus de localización e investigación antes del cierre de la jornada de este 2026.

La acusación formulada por el Departamento de Justicia (DOJ) y desclasificada junto con el director de la DEA, Terrance C. Cole, ubica al general en retiro como un elemento clave dentro de una presunta red de protección institucional en el estado de Sinaloa, donde fungió como titular de la SSP entre 2023 y 2024. Los informes periciales estadounidenses señalan que el exfuncionario presuntamente recibía estipendios de hasta 100 mil dólares mensuales por parte de la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, a cambio de alertar sobre operativos en laboratorios de fentanilo y metanfetamina.

El pliego de cargos abarca a un total de diez personas, incluyendo al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázarez y al alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, bajo señalamientos de conspiración para el tráfico internacional de estupefacientes a cambio de financiamiento electoral.

Mérida Sánchez fue el primer implicado del grupo en someterse a la jurisdicción norteamericana al entregarse de forma voluntaria en la frontera de Arizona el pasado 11 de mayo de 2026, lugar desde donde fue transferido al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Días después, el 15 de mayo, se entregó el exsecretario de Administración y Finanzas estatal, Enrique Alfonso Díaz Vega. Los ocho investigados restantes permanecen en territorio nacional mexicano, perímetro donde la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas carpetas de investigación locales con el propósito de evaluar la procedencia jurídica y los estándares de la documentación remitida por la vía diplomática.