“No perseguimos a nadie”: Sheinbaum por citatorio a Maru

VILLAHERMOSA, Tab.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó de manera categórica que los recientes requerimientos judiciales de carácter federal emitidos contra titulares de ejecutivos locales correspondan a una estrategia de persecución o mantengan un trasfondo partidista. Durante una rueda de prensa efectuada en el marco de su gira oficial de trabajo por el estado de Tabasco, la mandataria de la nación precisó que los citatorios de comparecencia dirigidos a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, así como al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, son competencia exclusiva de la Fiscalía General de la República (FGR).

La jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que la representación social de la federación opera bajo un esquema de estricta independencia jurídica, por lo que el desahogo de sus respectivas carpetas de investigación se realiza con apego a las disposiciones legales vigentes y sin interferencias del poder político central.

Principio de autonomía ministerial y separación de poderes

El pronunciamiento de la mandataria federal fijó los límites operativos entre la Presidencia de la República y el órgano acusador del Estado:

Inexistencia de sesgo partidista: Ante los cuestionamientos sobre los presuntos señalamientos de consigna gubernamental, Sheinbaum Pardo puntualizó textualmente: "No hay ningún tinte político, eso tiene que quedar claro. La Fiscalía es autónoma y hace sus investigaciones conforme a la ley".

Alcance de los expedientes: La presidenta confirmó tener conocimiento de que los mandamientos de la representación social abarcan tanto a la gobernadora chihuahuense como al mandatario sinaloense, sumando un total de once perfiles políticos de esa región del Pacífico bajo un esquema general de fiscalización y deslinde de responsabilidades.

Posturas de los bloques locales y desarrollo del cronograma legal

La declaración de la titular del Ejecutivo Federal se suscita en respuesta al posicionamiento previo emitido por la administración de Chihuahua, la cual había catalogado la diligencia como un acto sin precedentes ordenado directamente desde Palacio Nacional, derivado del operativo contra la delincuencia organizada en el poblado de El Pinal. Al desvincular las funciones ministeriales de la agenda presidencial, se ratifica que los equipos jurídicos de los funcionarios señalados deberán comparecer directamente ante los ministerios públicos federales.

La Presidencia de la República mantuvo bajo reserva el desglose de los datos técnicos o las líneas de investigación específicas de las actas procesales en este mes de mayo de 2026, reiterando que será la propia FGR la encargada de emitir los informes sobre los avances de las comparecencias programadas para el próximo 27 de mayo, de conformidad con las normativas del debido proceso.