
CIUDAD DE MÉXICO.– La dirigencia del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) formalizó este martes 26 de mayo de 2026 una denuncia de carácter penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y de la titular del DIF estatal, Mariana Rodríguez Cantú. El recurso jurídico solicita formalmente a la representación social de la federación que investigue un presunto esquema de triangulación financiera por un monto aproximado de 200 millones de pesos, el cual supuestamente desvió recursos públicos hacia un despacho legal vinculado al núcleo familiar del mandatario en este mes de mayo de 2026.
De acuerdo con el documento presentado en las oficinas centrales de la fiscalía en la Ciudad de México, las conductas señaladas podrían encuadrar en el delito de peculado, sancionado por el Código Penal Federal con penas de hasta 14 años de prisión, la destitución del cargo y la reparación del daño patrimonial en este año 2026.
El desglose analítico de los conceptos jurídicos expuestos por la representación partidista y los criterios de fiscalización detallan las siguientes variables técnicas en este inicio de semana:
Mecánica de la triangulación denunciada: La queja penal se fundamenta en las auditorías documentales publicadas originalmente por el diario El Norte, las cuales exponen una ruta de transferencias donde constructoras y proveedores del gobierno de Nuevo León presuntamente subcontrataron servicios con empresas intermediarias, las cuales finalmente canalizaron los flujos de capital hacia las cuentas de la firma legal de la familia García Sepúlveda en este mes de mayo de 2026.
Declaración de los comités promotores: En conferencia de prensa a las afueras del complejo ministerial federal, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Nuevo León, Anabel Alcocer Cruz, enfatizó la necesidad de activar las facultades de la FGR. “No se puede permitir que exista duda alguna sobre el destino del recurso público, mucho menos cuando hay señalamientos tan delicados”, precisó la funcionaria en este martes de 2026.
Las fiscalías federales especializadas en materia de combate a la corrupción procedieron a la asignación del número de carpeta de investigación correspondiente en este año 2026.
El Ministerio Público de la Federación iniciará el análisis de los estados de cuenta y los contratos asignados por la administración neoleonesa para determinar si se reúnen los elementos de tipicidad necesarios para solicitar las comparecencias judiciales. Especialistas en derecho constitucional recordaron que la penalidad por peculado contempla variables estrictas respecto al monto del erario involucrado, por lo que las áreas de auditoría forense de la FGR mantendrán la conducción de las diligencias financieras durante el cierre de este periodo ordinario de 2026, quedando a la expectativa de las réplicas jurídicas que emitan las direcciones generales de comunicación del gobierno de Nuevo León.



