
CIUDAD DE MÉXICO.– El presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, consideró institucionalmente indispensable que los ocho servidores públicos y políticos mexicanos acusados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos —entre los que figuran el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza— comparezcan de forma directa ante las cortes federales norteamericanas para desahogar sus procesos y demostrar su inocencia. En conferencia de prensa celebrada este lunes 25 de mayo de 2026, el líder empresarial respaldó las solicitudes de aprehensión y extradición formuladas por Washington, señalando que la resolución jurídica del caso es clave para mitigar la tensión política y despejar factores de incertidumbre para la inversión bilateral.
Rubin, acompañado por el CEO del organismo, Enrique Huesca, enfatizó que la sujeción al debido proceso de los señalados enviará una señal de certeza económica internacional, validando el principio de que ningún actor político se encuentra por encima del marco legal de ambas naciones en este año 2026.
El desglose temático de las precisiones operativas y de seguridad internacional expuestas por la representación comercial detalla los siguientes indicadores de riesgo:
Estrategia penal de la administración federal: El representante empresarial recordó que los cárteles de la droga cuentan con una clasificación jurídica especial en la Unión Americana, lo que faculta la aplicación de leyes antiterroristas. “Definitivamente ante este tipo de señalamientos y acusaciones lo mejor es dar la cara y estar frente a las cortes para comprobar la inocencia (...) al mismo movimiento le quitaría tensión innecesaria (...) si algún político en México o en Estados Unidos está contaminado o ha sido tocado por el narco terrorismo, pues sin duda el gobierno del presidente Trump ha sido muy claro que los someterá a la justicia”, puntualizó, reconociendo el precedente de los dos exfuncionarios que ya se entregaron de forma voluntaria.
Corresponsabilidad operativa de Estado: Rubin acotó que la fiscalización de los nexos entre estructuras delictivas y cuadros políticos —fenómeno con antecedentes de por lo menos una década— no debe interpretarse como una vulneración a la soberanía de México, sino como un desafío criminalístico bilateral que requiere el intercambio de inteligencia y acciones de captura conjuntas en este mes de mayo de 2026.
Pese al impacto mediático de las órdenes de captura, la American Society destacó que los canales de la diplomacia económica y de comercio exterior avanzan sobre bases sólidas de complementariedad de mercados.
Larry Rubin calificó como un acierto el reciente beneplácito otorgado por la administración de Donald Trump para el nombramiento de Roberto Lazzeri Montaño como próximo embajador de México en Washington. El líder empresarial apuntó que este perfil financiero e institucional otorgará un voto de confianza a la gestión de la Cancillería y del secretario de Hacienda, Edgar Amador, facilitando las mesas técnicas de revisión del T-MEC. Finalmente, los directivos anunciaron la realización de su cena de gala para el próximo 6 de junio en conmemoración de los 250 años de la Independencia de los Estados Unidos, certamen que contará con la asistencia de delegaciones corporativas de ambos países y del embajador norteamericano Ronald Johnson para consolidar las proyecciones comerciales de este año 2026.



