
CHIHUAHUA, Chih.– La gobernadora constitucional de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, formalizó una ruptura en su postura de colaboración institucional con el Gobierno Federal, al que acusó de edificar un modelo totalitario y de instrumentar un sistema de corrupción orientado a ceder el control territorial al crimen organizado. Ante una estructura masiva de legisladores, expresidentes y organizaciones cívicas congregadas en las naves del Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua, la mandataria afirmó haberse "quitado la venda de los ojos" frente a las narrativas de la administración central.
De acuerdo con el desglose discursivo emitido en la asamblea de respaldo político a su gestión, la jefa del Ejecutivo estatal precisó que el punto de inflexión se derivó de los constantes señalamientos formulados en contra de su administración desde las conferencias matutinas presidenciales.
El desglose analítico de las fases de la relación federación-estado y las variables procesales invocadas en la tribuna detalla las siguientes variables:
Evolución del criterio de gobernanza: Campos Galván manifestó que al asumir las riendas del Estado, determinó que la vía idónea para honrar el mandato conferido por los ciudadanos chihuahuenses consistía en la preservación de un canal de comunicación aséptico y coordinado con el Poder Ejecutivo Federal. No obstante, externó de forma autocrítica haberse equivocado en dicha premisa inicial.
Impacto institucional de las descalificaciones: La gobernadora argumentó que la difusión sistemática de aseveraciones infundadas en los espacios informativos de la presidencia evidenció un uso faccioso del aparato de difusión del Estado. Sostuvo que si una titular del Ejecutivo local puede ser objeto de imputaciones falsas sin debido proceso, cualquier ciudadano se encuentra expuesto a la misma vulnerabilidad.
La mandataria estatal puntualizó que el distanciamiento le permitió advertir cómo las estructuras locales habían normalizado lo que denominó la "falta de gobierno federal" en el territorio del norte. Detalló que esta ausencia institucional se traduce de forma factual en la parálisis de los operativos de seguridad pública de competencia federal, el desabasto crítico de medicamentos en las clínicas asistenciales y múltiples carencias de infraestructura que han tenido que ser absorbidas con recursos propios de la hacienda chihuahuense.



