
México.- El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, argumentó que los funcionarios acusados deben enfrentar el proceso legal sin la protección de la inmunidad procesal. La denuncia señala específicamente al gobernador Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Villamil, por presunta convivencia con el crimen organizado desde el año 2021.
Delitos imputados: La denuncia alega conspiración para el tráfico de sustancias controladas en colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Crisis diplomática: El documento de MC sugiere que las acusaciones han provocado una severa crisis en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
Juicio de procedencia: De acuerdo con la legislación mexicana, es requisito indispensable obtener una declaratoria de desafuero para proceder legalmente contra funcionarios con inmunidad.
La Fiscalía General de la República (FGR) y figuras del partido oficialista han fijado posturas críticas ante la petición de MC:
Condición de arresto: La FGR confirmó haber recibido la solicitud de extradición el pasado 29 de abril, pero aclaró que no realizará arrestos hasta contar con pruebas suficientes.
Confidencialidad: El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, señaló que México debe asegurar que la información de la solicitud no sea divulgada públicamente, lamentando que en este caso ya ocurrió.
Crítica de Noroña: El senador Gerardo Fernández Noroña calificó la acción de Movimiento Ciudadano como "oportunismo", afirmando que legalmente es la FGR quien debe solicitar el desafuero y no un partido político.
Este movimiento ocurre mientras la presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado que esperará a que la FGR determine si existen elementos constitutivos de delito antes de actuar, bajo la premisa de que las acusaciones podrían tener un objetivo político por parte de Estados Unidos. Por su parte, el diputado Ricardo Monreal llamó a la unidad nacional para defender las instituciones mexicanas frente a lo que considera una agresión externa.



