
PACHUCA DE SOTO, Hgo.– La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) inició un procedimiento administrativo formal ante su Órgano Interno de Control (OIC) en contra del director general de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS), Manuel García Guzmán, y un grupo de subalternos. La indagatoria se derivó de la difusión en plataformas digitales de un material audiovisual en el que se aprecia a los funcionarios participar en una reunión privada con presunta ingesta de bebidas alcohólicas dentro de instalaciones oficiales.
De acuerdo con las declaraciones del encargado del despacho de la PGJEH, Francisco Fernández Hasbun, las células de control interno evalúan el alcance de las posibles infracciones a los códigos de ética y reglamentos institucionales.
El desglose analítico de las trazas de video integradas a la carpeta pericial y los protocolos corporativos de la fiscalía detalla las siguientes variables:
Mecánica de los hechos grabados: En las secuencias de video integradas formalmente como evidencia, se observa al mando policial y a sus colaboradores consumir líquidos directamente de botellas de licor. Las imágenes muestran dinámicas de animación colectiva y coro de consignas bajo ritmos musicales, conductas que presuntamente se desarrollaron en las áreas de oficina de la corporación.
Fijación de temporalidad y contexto: El departamento de informática forense de la procuraduría trabaja en determinar de forma científica la fecha exacta, el polígono del edificio público y la lista completa de los servidores públicos que se encontraban en funciones o en horarios de guardia al momento de la filmación.
Las comisiones de honor y justicia y las agencias de la contraloría estatal validaron los esquemas de retención provisional de cargos.
Fernández Hasbun puntualizó ante los medios locales que, conforme a las reglas del debido proceso administrativo, ni el director de la UECS ni los subalternos que aparecen en las grabaciones han sido separados de sus puestos de forma provisional. Sostuvo que se mantendrán en el ejercicio de sus atribuciones operativas en tanto el OIC desahogue las audiencias de defensa, determine la tipicidad de las faltas y fije el nivel de las sanciones aplicables.
El encargado del despacho anticipó que sostendrá reuniones de carácter ejecutivo con el personal involucrado para confrontar las pruebas técnicas y exigir los comprobantes de descargo conducentes. Remarcó que la institución aplicará las consecuencias legales correspondientes sin dilaciones, con la finalidad de salvaguardar la confianza ciudadana en la unidad antisecuestros y asegurar el estricto cumplimiento del estatuto de la función pública.



